Andrés Amengual Sánchez*
CAVIAR Á LA
CARTE
Una reflexión a
destiempo sobre
Cuatro crímenes,
cuatro poderes
“(...)
Ya que el escritor no tiene modo alguno de evadirse, queremos que se abrace
estrechamente con su época; es su única oportunidad; su época está hecha para
él y él está hecho para ella (...)”.
Jean
Paul Sartre ¿Qué es la literatura?
I.- Preliminar
En el contexto de la novela cuatro crímenes, cuatro poderes, escrita por Fermín Mármol León, el término “caviar”
significa “secuestro”. Ante el auge de este delito y la sofisticación de sus
formas de ejecución, las autoridades policiales acordaron darle este
significado como parte de una estrategia para evitar la fuga de información y facilitar
la respuesta oportuna de los cuerpos de seguridad. Aunque resulte curiosa la
escogencia y sea difícil establecer alguna relación entre un manjar basado en
frescos huevos de esturión y este crimen, en la novela no sólo se emplea el
vocablo para introducir el caso del niño que murió durante el secuestro sino que
se plantea una variedad del mismo, de uso frecuente en el lenguaje popular, para
dejar en evidencia la influencia decisiva que tiene el poder en las
instituciones y el reducido campo de acción del sistema de administración de
justicia en ciertas circunstancias, por lo que caviar á la carte es un gusto que pocos pueden darse en Venezuela.
En honor a la verdad, esta obra tiene escaso
valor estético, entre otras razones porque el autor incurre en algunos errores de
redacción, prescinde de recursos literarios para exaltar la imaginación del
lector y lleva a cabo una narración lineal de los hechos [1] sin variaciones circunstanciales
que hubieran podido enriquecerla. Pero esto pasa a un segundo plano cuando se
tiene en cuenta que Fermín Mármol León, no fue un escritor de oficio dedicado a
la literatura sino un funcionario de carrera de la extinta Policía Técnica
Judicial (PTJ) que conoció de cerca las investigaciones que condujeron al
esclarecimiento de los hechos y a la identificación de los autores de los
cuatro crímenes, viviendo en carne propia la impotencia de ver como la justicia
se arrodilló frente al poder. De allí que su poca belleza narrativa se vea
compensada con el coraje de publicar una novela bien documentada en la que se
critican los desafueros de una sociedad que parece haberse acostumbrado a
ellos.
II.- Argumento
En ella, se cuentan los pormenores de las
investigaciones policiales de cuatro crímenes que conmovieron a los venezolanos
entre octubre de 1961 y febrero de 1973, presentados como “el caso de la
hermana del sacerdote”, “el caso de la estatuilla mortal”, “el crimen del
ascensor” y “el caso del niño secuestrado y muerto”. Debido al interés de la
prensa y a la aparición de la primera edición del libro en 1978, la violación y
el homicidio de la hermana del sacerdote Lesbia Biaggi Tapia, el homicidio de
la esposa del diputado del Congreso Nacional Hilda María de Rangel mediante un
artefacto explosivo, el homicidio de la esposa del Capitán de la Aviación Decia
de Rivero y el secuestro y homicidio del niño Carlos Vicente Pérez Vegas, se
insertaron en el imaginario colectivo como un monumento a la impunidad, la
corrupción y la ausencia absoluta de autonomía de los Poderes Públicos. Este monolito,
erigido por el goce y la admiración que despierta en algunos las demostraciones
de fuerza del poder, se ve retratado en la obra en el carácter maleable y dócil
del Poder Judicial venezolano.
III.- Contexto
El relato se desarrolla fundamentalmente
en dos ciudades venezolanas, en Ciudad Bolívar y en Caracas. En la primera, conocida
como Ciudad Angostura a partir del 22 de mayo de 1764, ocurrió el caso de la
hermana del sacerdote mientras que en la capital de la República, bautizada
como Santiago de León de Caracas el 25 de julio de 1567, se verificaron los
otros tres. En algunos pasajes, el autor destaca la hermosura de sus paisajes y
evoca la complicidad del lector con la nobleza de su geografía, narrando la
grandeza de los ríos circundantes, el clima, la vegetación o la majestuosidad
del cerro El Ávila. Este dato aparentemente insignificante, habría que tenerlo
en cuenta porque la naturaleza circundante, constituye la primera lección de la
historia y resulta imprescindible para “...entender nuestra geografía y
escuchar sus voces...” [2].
En los años sesenta y setenta, la
sociedad venezolana estaba compuesta de tres clases sociales según el nivel de
instrucción de las personas, su ocupación, el lugar de residencia y el ingreso económico
mensual: la clase alta, media y baja, aunque la última haya sido siempre la más
expuesta a los atropellos del propio Estado. En efecto, la sola existencia de prejuicios
sociales, da cuenta de su carácter complejo y conflictivo, generándose desigualdades
tanto en el acceso al sistema jurídico como en el tratamiento de los
procesados. Esta especial circunstancia, quedó retratada en una escena de la
película Cangrejo I dirigida por
Román Chalbaud, en la que un delincuente llamado Eliseo Corona le dijo en tono
desafiante el Comisario León Martínez que “...como se nace pendejo, como se
nace pobre, como no tengo ni un centavo voy a ir preso...por qué no te atreves
a decir quiénes fueron los que liquidaron al carajito ese...”.
En el escenario político, existían varios
partidos políticos legalmente constituidos, pero sólo dos tenían el control de
las instituciones y la posibilidad real de acceder al poder, Acción Democrática
(AD) y el Partido Socialcristiano (COPEI), quienes se alternaban en la
presidencia de la República por haberse convertido en partidos de gran arrastre
popular y efectivas maquinarias electorales. Sus principales dirigentes siempre
han sido hábiles negociadores, devuelven los favores recibidos y procuran
prebendas a sus leales, lo que se hizo evidente en el caso de la estatuilla
mortal y el crimen del ascensor.
Pero más allá de la conflictividad
social y un empalagoso bipartidismo popularmente conocido como la guanábana,
siempre ha predominado en Venezuela la religión católica por ser la que tiene
más seguidores. Dada su historia, trayectoria, estructura organizativa y fines,
este credo siempre ha ejercido una gran influencia en la acción política, aunque
resulte reprochable que haya interferido en un caso como el del Padre Pedro
Luis Cuzati, contra quien existían fundados elementos de convicción para declarar
su responsabilidad por la violación y el homicidio de su hermana. Actualmente, la
iglesia católica sigue teniendo un gran poder de convocatoria, aunque se haya
visto mermado por el auge de la santería y otros rituales como mecanismo para
paliar la violencia en el país [3].
IV. Personajes
El personaje central de la novela es el
Comisario León Martínez. Él y su equipo de trabajo, conformado por funcionarios
de distintos rangos dentro de la institución policial, actúan responsable y
diligentemente en todo momento, son honestos, conocen bien los deberes
inherentes al cargo, colaboran entre sí, son respetuosos con las víctimas y sus
familiares y cumplen la palabra empeñada. De esta manera, el autor introdujo un
elemento de ficción motivado, quizás, a su compromiso ético con la policía
científica, puesto que ni antes ni ahora ha sido ejemplo de virtudes republicanas.
Sin embargo, aunque llame la atención, esta caracterización resalta la
contraposición existente entre la diligencia de los investigadores y la
irresponsabilidad de los evasores.
Los otros personajes de la novela son
los imputados. El padre Pedro Luis Cuzati llevaba una doble vida, predicaba la
castidad, la hermandad y la santidad pero era mujeriego, contrajo blenorragia en
sus encuentros casuales y agredía física y verbalmente a su hermana. El perfil
del diputado es distinto. Se trataba de un hombre duro, con carácter fuerte,
leal a su partido, hábil y experto en explosivos, con un pasado bastante oscuro
mientras formó parte de la resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez. Por su parte, el Capitán de la Aviación era un irredimible mujeriego
que hacía gala de su condición viajando con sus amantes, era disciplinado en su
trabajo pero desconfiado y celoso; posiblemente mató a su esposa porque sospechaba
que le pediría el divorcio.
En el caso del niño secuestrado y muerto
hay varios sospechosos. Pero la verdadera crítica, se hace contra la manera de actuar
de los llamados “hijitos de papá”, es decir, de los jóvenes acaudalados del
este de la ciudad capital que son presentados como vagabundos, indisciplinados
y fiesteros, consumidores de droga y desconectados de los problemas reales de
la sociedad venezolana, en una palabra “irresponsables” que solucionan sus
problemas a punta de billete. Esta situación, descrita por Mármol León en un
momento clave de la investigación, parece estar más vigente que nunca:
“Nunca
pensé que mi visión futurista, fuera tan acertada. ‘El hijo de papá’, cantó
como un pajarito, compró su marihuana y los billetes en Cúcuta, lo había hecho
en otras oportunidades, pasó los billetes en Sabana Grande, vendía su hierbita,
un 'hijito de papá, chévere y zanahoria', los reales tapaban todo eso,
pobrecito; la policía, decía su papá, 'en vez de agarrar a los criminales del
niño Valderrama, detuvieron a su niñito, que era un ángel'. Pero todo no quedó
allí, se movió la aplanadora económica, el ‘pobre y traumatizado niño’, fue
puesto en libertad”.
Esta descripción, es un retrato fidedigno
de la manera como se comporta una parte de la clase alta venezolana. Consumen y
venden droga, se hacen las víctimas cuando les corresponde asumir la
responsabilidad de sus acciones o abandonan el país para evadir las condenas
penales. De esta manera, cuando la policía interroga a algunos de sus
integrantes para avanzar en las investigaciones, es severamente juzgada como
arbitraria, ineficiente y corrupta, pero si presenta a un limpio sin apoyo
político como el responsable, no genera suspicacias, está haciendo su trabajo.
Esta incapacidad de ver el conjunto, de apreciar el contexto, imposibilita
pensar en una sociedad equilibrada que tenga la madurez política suficiente
para llevar a la práctica el diseño institucional consagrado en la Constitución.
La contrapartida de esa imagen
irreflexiva que manejan algunos sectores, es el carácter épico de las batallas
que llevan a cabo los policías para esclarecer los hechos punibles y dar con sus
autores [4]. Los funcionarios policiales provienen, en la mayoría de los casos,
de los estratos más bajos de la población, carecen de formación intelectual y,
por lo general, leen poco, ganan salario mínimo y pertenecen a una institución con
un presupuesto limitado que alcanza sólo para pagar sueldos y bonificaciones. Pero
aún así, con todos los condicionamientos, trabas y obstáculos, hay funcionarios
que actúan como el Comisario León Martínez. Y ese personaje, especialmente en
estos tiempos, genera una profunda admiración en quienes comprenden la magnitud
de los problemas y saben lo que cuesta ser ejemplo de integridad.
Aunque resulte memorable su existencia y
a los venezolanos se nos pueda aplicar la descripción realizada por Jorge Luis
Borges en nuestro pobre individualismo
sobre la condición de individuos y no de ciudadanos de los argentinos, el país
no se sostiene, -no puede hacerlo-, en voluntades individuales ni puede
pretender su refundación continua cada vez que surge un nuevo líder del
descontento popular. Es necesaria una decidida acción conjunta dirigida a hacer
de la Constitución un texto vivo, a hacer de ella el gran referente de la vida
social, política, económica y jurídica del país.
V.- Problemática
El tema principal que subyace en la
novela, es la concepción del Estado que tienen los venezolanos. En diferentes momentos
de la narración, hay personajes que dan cuenta de esta problemática tanto por
lo que expresan sobre las instituciones como lo que hacen para evitar sus
actuaciones. Para acometer este análisis, se tendrá en cuenta una cita de José
Ignacio Cabrujas tomada de El Estado del
Disimulo [5], en la que se destaca la percepción que tienen los venezolanos
sobre esta inconcebible abstracción llamada Estado, señalando lo siguiente:
“El
concepto de Estado en Venezuela es apenas un disimulo. El concepto de Estado es
simplemente un ‘truco legal’ que justifica formalmente apetencias,
arbitrariedades y demás formas del ‘me da la gana’. Estado es lo que yo, como
caudillo o como simple hombre de poder, determino que sea el Estado. Ley es lo
que yo determino que es ley. Con las variantes del caso, creo que así se ha
comportado el Estado venezolano desde los tiempos de Francisco Fajardo hasta la
actual presidencia del Doctor Jaime Lusinchi. El país tuvo siempre una visión
precaria de sus instituciones porque, en el fondo, Venezuela es un país
provisional”.
Todos los elementos que la componen,
están presentes en la novela de diversas maneras y con distintos grados de
intensidad. En efecto, desde antaño las constituciones venezolanas han consagrado
la separación de los poderes, el principio de legalidad y un catálogo mínimo de derechos fundamentales para
darle legitimidad al pacto fundacional, pero han tenido muy poca vigencia
práctica debido, entre otras cosas, a la escasa cultura constitucional de los
venezolanos, lo que ha permitido que el Estado se convierta en un “truco legal”
puesto al servicio de los intereses, deseos y apetencias de unos pocos. De
acuerdo con la cita, se apreciará cómo actuó el poder en cada uno de los crímenes
para darse cuenta de la idea que tenemos del Estado.
a.- Ya adelantadas las investigaciones
en el caso de la hermana del sacerdote, el Comisario León Martínez fue llamado
al Palacio Arzobispal por el Monseñor Pondal para ser recriminado por la forma como
supuestamente trató al Padre Pedro Luis Cuzati durante el interrogatorio. En
ese momento, la conversación se inició diciéndosele que el sacerdote estaba muy
afectado “por el maltrato recibido”. Él sostuvo que no era cierto, que existían
suficientes elementos para sospechar del sacerdote, pero la respuesta del Monseñor
Pondal fue clara y precisa, “puedes tener razón, pero él ha sido humillado, se han olvidado que es un sacerdote” (negrillas
agregadas).
Después de ese encuentro, ya era tarde
para enmendar cualquier error. Al día siguiente, después de que el Monseñor
Pondal se comunicó con algún representante del alto gobierno, el Comisario León
Martínez fue llamado por el Director de la Policía Técnica Judicial en Caracas
para ser duramente reprendido y apartado de las investigaciones. Según el final
de esta historia, el Padre Pedro Luis Cuzati, después de haber estado unos
meses encarcelado, fue puesto en libertad “por no existir elementos probatorios
contra él”.
b.- En el caso de la estatuilla mortal,
el poder político operó de otra manera. Es cierto que aquí no existió un acervo
probatorio contundente contra el investigado y que se trataba de un diputado que
gozaba de inmunidad parlamentaria. Pero el Comisario León Martínez nunca pudo
interrogar al Diputado Rosales y que recibió amenazas de enjuiciamiento de su
parte cuando lo increpó en el Palacio Federal Legislativo. Dada la diligencia
del atrevido funcionario policial, el partido de gobierno logró que un juez “corrupto”
se avocara al conocimiento de la causa y ordenara la remisión inmediata del
expediente a su Tribunal. Hasta allí llegó la actuación policial.
c.- De todos los casos, el crimen del
ascensor fue el que contó con mayores medios probatorios para demostrar la
responsabilidad penal del Capitán de la Aviación Daniel Rondón Plaz. En efecto,
el análisis de la trayectoria balística, los distintos peritajes practicados, la
inexistencia del delincuente que supuestamente los asaltó en la salida del
edificio, las contradicciones en que incurrió el imputado al narrar su versión
de los hechos y la existencia de probables motivos para matar a su esposa, lo
presenta como el autor del crimen. A pesar de todos esos elementos, cuando el
Capitán fue entrevistado en calidad de testigo por el Comisario León Martínez, aparecieron
las amenazas, “usted me las pagará” dijo el aviador como suele hacerlo un
hombre de poder cuando se siente acorralado.
Gracias a la acción del poder político,
una vez más, un Tribunal de Alzada, controlado por jueces deshonestos, absolvió
de responsabilidad penal al Capitán Daniel Rondón Plaz bajo el laxo argumento
de que no existían suficientes pruebas en su contra. Operó la cosa juzgada y no
pudo ser procesado nuevamente por los mismos hechos. Así se le retribuía al
militar su destacada participación en los sucesos de El Porteñazo.
d.- En el caso del niño secuestrado y
muerto, operaron dos factores importantes. Por una parte, las investigaciones
se complicaron demasiado hasta el punto de no poder determinarse quién hizo las
llamadas a la mamá del niño Tomy Valderrama, quién cobró el dinero pagado por
el rescate ni qué hicieron con los billetes que habían sido fotografiados por
la policía. Por la otra, la prensa que habló de la “danza de los millones” para
dejar clara la influencia del poder económico sobre los funcionarios del
sistema de justicia, jugó un doble papel: presionaba a los policías para que
resolvieran el caso y se prestaba para seguirle el juego a los factores del
poder económico. Como si fuera poco, los padres de las joyitas contrataron a reconocidos
abogados para ejercer la defensa de sus hijos, quienes movidos por cuantiosos
honorarios y deseos de figuración pública, retardaron el proceso mediante otro
tipo de “truco legal” con aparente fundamento normativo.
Como era de esperarse, este caso tampoco
escapó a las apetencias del poder. Al intervenir un Tribunal en la instrucción
del sumario, como se denominaba bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento
Criminal, el Comisario León Martínez y su equipo de trabajo recibió órdenes
expresas de no investigar absolutamente nada sin la anuencia del Juez que
sustanciaba la causa. Ya la policía quedaba de manos atadas, limitándose a
redactar oficios y comunicaciones.
1.- La impunidad
En la novela, hay un pasaje que retrata
fielmente este problema. Se trata del momento en el que el Comisario León
Martínez fue a visitar a Lucio Mendoza, un ex-agente de la Seguridad Nacional,
a los calabozos de la Cárcel Modelo de Caracas. Después de intercambiar
pareceres sobre el pasado y la personalidad del Diputado Rosales, el esbirro
vaticinó lo siguiente:
“No
Comisario, no, soy práctico, en estas cárceles aprende uno demasiado, no tiene
alternativa, olvídese de este caso, déjelo, trabaje otro, me da lástima saber
que va a perder el tiempo, lo único que logrará es convencerse que usted tenía
razón, él es el asesino, pero y qué, se reirán, pensarán que usted es un loco
que no puede con el caso y quiere perjudicar al brillante y honorable Pedro
Rosales, hombre democrático, luchador por la libertad del pueblo y de los
ideales de sus compatriotas, es así Comisario, es así, acéptelo, está derrotado”.
La enseñanza es prolija. Hay que saber
apreciarla en su contexto porque el funcionamiento del sistema te demuestra que
hay intocables, que hay personas que están por encima de las leyes y pueden
eximirse de su cumplimiento. Para quienes están decididos a buscar la verdad y
hacer justicia, este es un aprendizaje que toma muchos años en llegar. En este
caso había que entender que el Diputado Rosales, experto en explosivos y
miembro de la resistencia contra Pérez Jiménez, sería victimizado y catalogado,
en ese juego macabro de los hilos del poder, como un verdadero demócrata a
quien el Comisario León Martínez o el que se atreviera a investigarlo, quería
perjudicar.
También llama la atención el lenguaje
empleado por el ex-agente de la Seguridad Nacional. Con el devenir de los
acontecimientos políticos recientes, se ha hecho cotidiano el discurso que acometería
el gobierno en la defensa del gran luchador por la libertad Pedro Rosales,
empleando expresiones como “hombre democrático”, “luchador por la libertad del
pueblo” y “compatriota”. Esa operación discursiva bien podría resumir nuestra
historia contemporánea como hijos de la hipérbole, de las exaltaciones
desmesuradas, lo que sólo puede conducirnos a un fracaso absoluto: o se acepta
con pundonor la derrota frente a un sistema corrupto o se muere en el intento
de hacer justicia.
Para abordar el tema de la impunidad, el
autor presenta un denominador común en la novela. Los funcionarios policiales
son ejemplo de responsabilidad, diligencia, compromiso, rectitud, capacidad y respeto,
ejecutando todo lo humanamente posible para resolver los cangrejos que se les
presentan pero el poder intervino en una fase posterior de los procesos, cuando
las causas se encontraban en los Tribunales. Allí, en palabras de Mármol León,
había jueces corruptos y jueces honestos, pero la designación de los corruptos en
estos casos tiene réditos insuperables, se retribuyen favores y se obtienen los
lujos deseados en la época de juventud.
El análisis de las causas y
consecuencias de la impunidad en nuestro país, rebasaría los límites planteados
en este trabajo, por lo que nos limitaremos a señalar que frente a este tipo de
situaciones es muy difícil sostener la existencia de un verdadero Estado de
Derecho, entre otras razones porque los casos difíciles son los mejores
termómetros para medir la fortaleza del sistema de administración de justicia,
la integridad e imparcialidad de los jueces y la idoneidad de los funcionarios
policiales.
2.- Presunción
de inocencia Vs. responsabilidad penal
Lo expuesto, permite introducir el tema
del sentido y alcance de la presunción de inocencia en el proceso judicial, especialmente
el penal, con miras a determinar en qué casos ya no se trata de presumir
inocente a un imputado sino de una artimaña jurídica para evadir la condena penal.
Para dilucidarlo, resulta provechoso tener en cuenta que en la sentencia
dictada por el Tribunal Superior que absolvió de responsabilidad penal al Padre
Pedro Luis Cuzati, el juez señaló que no existían en el expediente pruebas
directas acerca de quién fue el autor del homicidio de su hermana, por lo que la
sentencia debía ser absolutoria. Su conclusión fue que era “preferible absolver
a un culpable a condenar a un inocente” [6].
La audacia del autor de cuatro crímenes, cuatro poderes al
plantear este tema, permite preguntarse si efectivamente en los casos de la
hermana del sacerdote y el crimen del ascensor operó la presunción de inocencia
o se trató de un artilugio de los poderosos para encubrir a los responsables. En
el primero, la narración nos ofrece varios elementos de interés criminalístico
para formarse una idea clara sobre su autor. En efecto, según el testimonio de
familiares y amigos de la víctima, el Padre Pedro Luis Cuzati la celaba y
golpeaba, oponiéndose a sus relaciones amorosas; según un testigo, cuando se le
informó lo que había ocurrido en su casa el día que se descubrió el cadáver, él
preguntó inmediatamente si algo le había sucedido a su hermana; tenía
blenorragia encontrándose gonococos en el cuerpo de la víctima; el tamaño de
las pisadas de sangre coincidían con las del sacerdote; se encontró sangre en
el mueble de su cuarto y los pelos encontrados en la mano de la víctima tenían “notables
semejanzas” con los del acusado.
En el segundo referido al crimen del
ascensor, también existe un acervo probatorio suficiente para condenar al
Capitán de la Aviación Daniel Rondón Plaz. El homicida confesó
extrajudicialmente el crimen al Padre Casieri al llegar al hospital con su
esposa herida; se encontraron restos de vidrio en el uniforme militar; se
demostró mediante la trayectoria balística que él había efectuado los disparos
contra la puerta del edificio para fingir un atraco; hubo testigos que
declararon que mantenía relaciones extramatrimoniales y que maltrataba a su
esposa; incurrió en contradicciones insalvables al momento de deponer como testigo
y asumió una actitud hostil hacia los funcionarios policiales cuando se percató
que estaba siendo investigado como imputado.
Independientemente del carácter ficticio
de los datos aportados por Mármol León en la novela, resulta conveniente
reflexionar sobre el fin del proceso penal, la responsabilidad del juez en el
ejercicio de la función judicial y el sentido y alcance de la presunción de
inocencia en el Estado Constitucional de Derecho. De esta manera, si existen
suficientes medios probatorios obtenidos legalmente para demostrar inequívocamente
la participación del imputado, debe, en principio, dictarse una sentencia
condenatoria. De lo contrario, procede la absolutoria asumiendo los riesgos de
ser sometido al escarnio público, pero ¿cuál sería la decisión en el caso de la
hermana del sacerdote y el crimen del ascensor? ¿Por qué?
3.-
Aplicación de la ley penal y desigualdad social
En un soliloquio que presagia lo que
ocurrirá en el caso del niño secuestrado y muerto, el Comisario León Martínez dice
“muchas veces oí decir que las cárceles eran para los limpios, después de
tantos años en esta profesión, creo que tienen razón”. Tampoco en esta cita hay
desperdicio alguno. Se trata de la fatal comprobación de un hecho social digno
de estudio, según el cual la gran mayoría de la población reclusa en Venezuela
está conformada por personas pertenecientes a la clase baja, lo que permite
preguntarse ¿por qué? ¿es la pobreza un factor criminógeno? ¿No hay
delincuencia de “cuello blanco”? ¿Por qué no están tras las rejas estos
delincuentes?
El análisis de lo planteado, se enriquece
a partir del trabajo de la profesora Karin Van Groningen que lleva el mismo
título que este inciso [7]. Se trata de un estudio realizado en 1980, en el
cual se reflexiona sobre si existe en Venezuela una aplicación uniforme de la
ley penal, concretamente del artículo 407 del derogado Código Penal, por
tratarse de un enunciado normativo neutro
que afecta de igual manera tanto a “ricos” como a “pobres”. A esta norma, como
puede apreciarse, se le aplicó la variable de la clase social a la que
pertenecían los procesados, concluyéndose que el papel que juega la defensa
(pública o privada) resulta esencial tanto en el tiempo de duración de los
procesos como en la calidad de las sentencias emitidas.
En cuanto a la función de los abogados, se
comprobó que en la práctica existía un “resquebrajamiento” del principio de
igualdad, debido a la habilidad de los defensores, sus motivaciones y la
condición de públicos o privados, sosteniéndose que “el resultado del juicio
penal va a depender básicamente de la variable calidad de la defensa de que
disponga el procesado y que los reos de clase alta tienen acceso a una defensa
de mayor calidad que los de clase baja”. Sobre la calidad de los fallos
definitivos, se llegó a la espeluznante conclusión de que ellas se pronuncian “con
un carácter absolutorio en el 60.4% de los casos pertenecientes a la clase alta
y condenatoria para la totalidad de los casos de la clase baja, siendo el
promedio de años de condena de 5.1 años para la clase alta y de 17.0 para los
de clase baja”.
Estas cifras encuentran eco en cuatro crímenes, cuatro poderes, por dos
razones fundamentales: el único de los procesados por el delito de secuestro y
homicidio del niño Tomy Valderrama fue Omar Cano Lugo, alias “el Chino Cano”, y
la incorporación de reconocidos abogados en la defensa de los procesados se
convirtió en una verdadera traba para las investigaciones. Estos entusiastas
abogados, poco interesados en la consecución de la verdad, se valieron de las
fallas del sistema jurídico y de las debilidades del Poder Judicial para
enredar el sumario y lograr la libertad plena de los “hijitos de papá”, con lo
cual pueden corroborarse las conclusiones obtenidas por Van Groningen en el
referido estudio.
4.- El papel de
los medios de comunicación en la investigación penal
Todas las investigaciones contaron, en
mayor o menor medida, con la presencia de los medios de comunicación social. Desde
que se tuvo conocimiento de los cuatro crímenes, la prensa escrita
especialmente, jugó un papel protagónico. En el caso del niño secuestrado y
muerto, presionaron a los funcionarios policiales para que dieran los nombres
de las personas que se hallaban involucradas, crearon una matriz de opinión
conocida como “la danza de los millones” para significar la influencia del
poder económico en la instrucción del sumario y se prestó para montarle una
trampa al Comisario León Martínez y ponerlo al margen de las pesquisas por “violación
del secreto sumarial”.
Para el análisis de lo ocurrido, resulta
interesante tener en cuenta el artículo del profesor Jorge Rosell Senhenn,
titulado “la independencia del juez y los factores de poder: tres experiencias”
[8], ya que en él, el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, identifica
la falta de independencia del Poder Judicial como una de las causas de su mal
funcionamiento. Según el autor, esta falta de independencia es provocada en
muchos casos, por la presión que ejerce el poder mediático en la función
judicial. No obstante, de ese artículo, se rescatará únicamente el análisis
sobre la violación del secreto sumarial y su paralelismo y diferencias con el “peine”
que le montó la prensa al Comisario León Martínez, con el objeto de reflexionar
sobre los motivos que tiene para actuar como lo hace y su papel en una sociedad
democrática.
Plantea dicho autor que siendo Juez de
Instrucción en el año 1974, ordenó al Cuerpo Técnico de Policía Judicial,
abstenerse de brindar información o fotografías de los imputados a los medios
de comunicación social con base en el artículo 59 de la Constitución de 1961 y
en el artículo 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal, ya que bajo el
pretexto de mantener informada a la sociedad, la prensa los exponía al escarnio
público, violentándoles su derecho al honor, reputación y vida privada. Como
era de esperarse, fue acusado de corrupto y vilipendiado por algunos sectores
del gremio de abogados y de periodistas.
En el caso del niño Tomy Valderrama, la
prensa operó en sentido contrario. Abordó apresuradamente al Comisario León
Martínez preguntándole si los autos de detención (así se denominaba la orden de
aprehensión bajo la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal), habían
sido dictados contra los responsables de este horrendo crimen, a lo que él respondió
que era “factible”. Al día siguiente, se presentó el gran escándalo fomentado
por los abogados que defendían a los detenidos por supuesta violación del
secreto sumarial. Véase en su contexto, ¿la respuesta “es factible” constituye
una violación del secreto sumarial? De hecho, sólo cabía algo tan ambiguo como
eso para no violentarlo, ya que un “no” hubiese sido ininteligible por tratarse
de una orden judicial mientras que un “si”, hubiese significado la violación flagrante del secreto sumarial.
En ambos casos, se puede entrever que la
prensa no actuó solamente con el ánimo de informar equilibradamente a la
sociedad. En muchas ocasiones, toda su eficaz maquinaria es movida por
intereses económicos, políticos o sociales, lo que la obliga a ser mucho más
astuta en sus planteamientos. Una vez que la prensa ha señalado a alguien como posible
autor de un delito, el público, irreflexivo y ávido de distracciones, asume la
certeza de su participación. Mucho peor es cuando acusa directamente a algún
imputado, porque si se equivoca ¿cómo revierte la situación? ¿tiene el derecho
a réplica la misma contundencia?
5.- La
corrupción del poder judicial
Para las décadas del sesenta y setenta,
el poder judicial venezolano era manejado por tribus que dependían del partido
de gobierno. Estos clanes de poder, nombraban a ciertos jueces según sus
intereses, previo beneplácito del jefe de la comarca. No existía una política
judicial coherente para incrementar su eficiencia y medir los resultados de su
gestión, aunque sí mucha improvisación del tipo “como vaya viniendo, vamos
viendo”. El retardo procesal era la regla en aquellas causas que “no
interesaban a nadie”, se conocían casos de flagrante corrupción propios del
realismo mágico latinoamericano y no existía una infraestructura adecuada para
satisfacer las demandas de “justicia” de la población.
Actualmente, se ha maquillado el
problema, creándose más tribunales con mejor infraestructura, algunos especializados
en ciertas materias, se han creado “circuitos modelos” para agilizar los
trámites y actuaciones y se ha empleado la figura de los jueces itinerantes
para tratar de atajar problemas puntuales. Sin embargo, la situación de fondo
ha empeorado. Sigue existiendo un grave retardo procesal, especialmente en
materia penal, civil y contencioso administrativa, se ha desbordado la
corrupción creciendo la desconfianza popular hacia el Poder Judicial hasta lo
inimaginable y se han borrado los límites entre política partidista y función
judicial. De mal en peor puede resumirse la situación del sistema de
administración de justicia en estos últimos veinte o treinta años.
Hace mucho tiempo sonaron las alarmas y
pocos le prestaron atención. La violencia, los linchamientos (ya transmitidos
con morbo por las redes sociales) y la desconfianza en las instituciones, hacen
pensar en una sociedad enferma incapaz de hacerle frente a la situación. Aun
cuando dentro del Estado Constitucional de Derecho consagrado en la
Constitución de 1999, el Poder Judicial juega un papel fundamental en la
protección y salvaguarda de los derechos humanos, sigue privando la
inestabilidad de los jueces, en su mayoría provisorios por la ausencia de
concursos públicos de oposición desde hace casi una década, la parcialidad
política, el desinterés de muchos funcionarios y el clientelismo descarado.
Una de esas campanadas fue, sin duda
alguna, la publicación de cuatro
crímenes, cuatro poderes, escrita con la intención de denunciar una
situación y tomar conciencia de ella para poder revertirla. Sin embargo, a
pesar de que su autor documenta audazmente los detalles del esfuerzo llevado a
cabo por los funcionarios policiales para encontrar a sus responsables y
mostrar cómo en cada caso se impusieron por la fuerza los intereses
particulares, los problemas planteados en la obra se han agravado, entre otras
razones, porque desde diversas instancias de poder, se ha hecho uso de un
complejo y muy eficiente dispositivo que ha paralizado a la sociedad
venezolana, negándole cualquier impulso sano y constructivo para solucionarlos,
lo que obliga a preguntarse, una vez más, ¿hasta cuándo?
VI.- Reflexión
final
En Venezuela, el Estado no siempre tiene
el Poder. Cuando se oponen, en lugar de imponerse el diseño institucional
concebido en los diferentes textos constitucionales, la autonomía e
independencia de los Poderes Públicos, la vigencia de los derechos
fundamentales, el principio de legalidad y el principio de responsabilidad
(patrimonial o no) del Estado, priva la capacidad de ciertas personas de
influir, condicionar y determinar el comportamiento de algunos funcionarios claves,
sin que exista ninguna posibilidad real de cuestionarlo porque el ánimo caudillista
que habita en muchos conciudadanos, la acallan con muerte o destierro. Por lo
visto, sobran las exquisiteces marinas, cangrejos para los policías y caviar
para los hombres de poder.
NOTAS
* Universidad Central de
Venezuela, Abogado; Especialista en Derecho Administrativo;
cursante del Doctorado en Ciencias, mención Derecho. Universidad Monteávila, Especialista en Derecho Procesal
Constitucional.
[1]
En el caso del niño Tomy Valderrama, el autor se valió de dos imágenes para
destacar el dilema de los policías responsables y el carácter estratégico de
las investigaciones refiriendo lo que decía el pueblo sobre los policías cuando
cayó Pérez Jiménez (¡esbirros, esbirros!) y las partidas de ajedrez que jugaba
con su amigo Caro cuando era estudiante de la Escuela Técnica Industrial.
