martes, 15 de octubre de 2019

Lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo



Marcos Tinedo*

¿POR QUÉ CERRARON MI CUENTA EN MIAMI?

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CLIENTE Y
LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

En una entidad bancaria, la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es responsabilidad de todos sus empleados, especialmente de aquellos que se encuentran ejerciendo actividades de toma de riesgo dentro de los negocios primarios de la entidad, que al fin y al cabo son los primeros responsables de la ejecución de los controles claves de un “Programa de Prevención de Lavado de Dinero” al momento de ejecutar procedimientos relacionados con el conocimiento de sus clientes.
Estas personas, que podrían calificarse como “dueños del cliente”, son los responsables de comprender el riesgo integral de lavado de dinero que conlleva cada relación de negocios que mantienen dentro de su portafolio y las razones subyacentes que así lo generan.
Es bueno destacar que no está prohibido que los negocios puedan establecer relaciones con clientes de alto riesgo, ofrecer productos de alto riesgo o ejecutar transacciones que conlleven un elevado riesgo. Sin embargo, lo que sí se requiere de ellos es que realicen una evaluación apropiada de los mismos y documenten los riesgos que están presentes en estas operaciones para poder fijar los niveles apropiados de mitigación de cada uno de ellos, mediante la definición de los controles internos apropiados.
Conforme a lo indicado anteriormente, es importante que al momento de definir el enfoque en base a riesgos a utilizar para evaluar los mismos y fijar las acciones mitigantes correspondientes, se consideren las siguientes categorías:
1. Información del cliente derivada de los procedimientos de identificación, debida diligencia del cliente y debida diligencia mejorada;
2. Perfil político derivado de la evaluación de los resultados producto del filtrado o screening [1] de “Personas Políticamente Expuestas” [2] y otros indicadores que pudieran señalar este estatus en las relaciones de clientes del banco;
3. Información reputacional derivada del resultado del filtrado o screening de los nombres involucrados con las relaciones de clientes (mejor conocido como screening de noticias negativas);
4. Información geográfica derivada de la ejecución de los procesos indicados anteriormente, incluyendo el “Perfil Esperado de Uso y Contratación de los Productos” [3] del banco por parte de las relaciones de clientes.
De aquí que, para este último punto, deben considerar el riesgo de ubicación geográfica como un factor en la determinación de los niveles de debida diligencia que un cliente pudiera requerir, lo cual va a impactar la definición de los esfuerzos de monitoreo de transacciones de una determinada relación de cliente.
En consecuencia, para facilitar un enfoque consistente, el banco debe poseer una lista que identifique los riesgos inherentes de las ubicaciones geográficas que manejan en su cartera de clientes, y que del mismo modo constituyen sus mercados objetivos (sean locales, regionales o globales, según la dimensión de negocios de cada institución financiera). Esta lista debe ser actualizada al menos una vez al año y debe reflejar cualquier cambio material que pudiera registrarse en este respecto. Las fuentes de información o factores específicos a considerar en el desarrollo de esta lista, son:
1. Países sujetos a declaraciones (“statements” [4]) o mensajes de asesoría de riesgo (“advisories” [5]) emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o por la Red de Crimen Financiero de los Estados Unidos de América (FinCen);
2. Países y regiones sujetos a sanciones, embargos, o medidas similares por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Unión Europea, Tesoro Británico (Her Majesty’s Treasury) y el CIA World Factbook [6];
3. Países e “Instituciones Financieras” designados como “de preocupación primaria de lavado de dinero” (“primary money laundering concern” [7]) y sujetos a medidas especiales según lo establecido por la Sección 311 de la Ley Patriota de Estados Unidos (USA PATRIOT Act);
4. Países con deficiencias en sus marcos regulatorios (leyes, regulaciones u otras medidas) de “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”;
5. Países identificados por la Organización Internacional de Policía Criminal (International Criminal Police Organization, INTERPOL [8]) como fuente principal, ruta, o consumidor de drogas o narcóticos más comúnmente utilizados y traficados;
6. Países identificados como centros financieros de ultramar (“offshore” [9]) por el Fondo Monetario Internacional (FMI);
7. Países que no han implementado el estándar tributario acordado internacionalmente [10], desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD);
8. Países identificados con controles débiles para limitar o prohibir la constitución de entidades jurídicas en su jurisdicción, que posean o emitan acciones al portador;
9. Países identificados como Estados patrocinantes del terrorismo o paraísos seguros para el terrorismo en el Reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Terrorismo [11];
10. Niveles de secreto financiero percibido en los países, evidenciado por la calificación cuantitativa del Índice sobre Secreto Financiero emitido por la Red de Justicia Tributaria [12];
11. Niveles de derechos políticos y libertades civiles percibidas en los países, evidenciados por:
a. Calificación del Índice Mundial emitido por la Freedom’s House [13],
b. Resultados del Reporte de Democracia y Derechos Humanos emitido por la UK Foreign & Commonwealth Office [14],
c. Índice de Percepción de Corrupción emitido por Transparencia Internacional [15],
d. Índice de Libertad de Prensa emitido por Reporteros sin Fronteras [16],
e. Indicadores de Gobernanza Mundial emitidos por el Banco Mundial [17],
f. Reporte de Trata de Personas emitido por el Tesoro Americano [18],
g. Reporte emitido por el Tesoro Americano denominado INCSR (International Narcotics Control Strategy Report [19]); y,
12. Niveles de competitividad económica percibidos en los países, según la calificación obtenida en:
a. Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial [20],
b. Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas [21],
c. Índice de Distribución de Recursos (IDA) emitido por el Banco Mundial [22],
d. Índice “Doing Business” [23] del Banco Mundial,
e. Base de Datos Política Financiera del IDEA [24] - International Institute for Democracy and Electoral Asistance - Internacional IDEA;
f. Índice de Presupuesto Abierto emitido por la Sociedad de Presupuesto Internacional [25];
g. Países identificados por el GAFI como miembros del GAFI o de un Cuerpo Regional asociado (Tipo GAFI) a éste, p.e. APG [26], CFATF [27], EAG [28], ESAAMLG [29], GAFISUD [30], GIABA [31], MENAFAFT [32] y MONEYVAL [33].
Derivado de este análisis, debe desarrollarse una metodología de calificación de riesgo por jurisdicciones objetivo de negocios del banco, identificando las mismas como de “Bajo”, “Medio” o “Alto Riesgo”, llegando incluso a tomarse consideraciones como la necesidad de ejecución de debida diligencia mejorada o medidas adicionales en aquellas que representen un alto riesgo de ubicación geográfica. Inclusive, pudiera decidirse no tener relaciones de negocios con personas o entidades ubicadas en aquellas jurisdicciones que, con base en el análisis anterior, excedan el nivel de apetito de riesgo del banco; esto traería como consecuencia para aquellos clientes o relaciones existentes, la posible cancelación de las cuentas y relaciones mantenidas en alguno de ellos, como resultado de cambios significativos percibidos en el riesgo de ubicación geográfica de una determinada jurisdicción, región o país.
Del mismo modo, pueden incorporarse otros indicadores reconocidos a nivel local, regional o global y excluirse algunos aquí indicados. Lo importante es siempre considerar métricas que puedan ser de utilidad para las geografías, ya sean, países, territorios o zonas especiales, donde se encuentran y realizan sus principales negocios los clientes de la institución financiera, o que constituyen mercados objetivos del banco a ser desarrollados.

Notas

* Marcos Tinedo: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Contador Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), Oficial de Cumplimiento. Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Máster en Finanzas. Es autor del libro Mejores prácticas para implementar un programa de cumplimiento normativo de los principales regímenes de sanciones económicas-financieras a nivel mundial en la banca internacional (2019).

[1] Es una técnica clave para operativizar el tema de “Sanciones”, que se define como un sistema que remueve la información redundante o no deseada de un flujo de información utilizando métodos semiautomáticos o computarizados previo a la comparación de la información con la lista de sanciones respectiva.

[2] Individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos, entre otros.

[3] Es un formato utilizado en el proceso de vinculación de un cliente o relación, en el cual se recoge información del cliente sobre cuáles productos espera utilizar en el banco y la manera en que los utilizará.

[4] Como resultado de reuniones plenarias periódicas, el GAFI emite los “statements” o declaraciones en las cuales se pronuncia sobre jurisdicciones calificadas como “no cooperantes” o de alto riesgo. Por lo general se emiten en febrero y junio de cada año.

[5] FinCen emite periódicamente “advisories” o “recomendaciones” públicas y privadas a instituciones financieras alertándolas de amenazas o vulnerabilidades preocupantes identificadas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, con el propósito de que las mismas puedan tomar medidas de protección de manera oportuna contra dichas amenazas. Estas recomendaciones contienen tipologías de actividades ilícitas, alertas (“red flags”) que facilitan el monitoreo, y cursos de acción recomendados para cumplir con las regulaciones del FinCen y poder enfrentar con éxito las amenazas y vulnerabilidades descritas anteriormente.

[6] Es una publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos con información básica –tipo almanaque– acerca de diversos países del mundo. Proporciona un resumen de dos o tres páginas de los datos de demografía, geografía, comunicaciones, gobierno, economía y militar de 267 entidades, incluidos en ellos los países reconocidos por Estados Unidos, los territorios dependientes y otras áreas en el mundo.

[7] La sección 311 de la Ley Patriota de los Estados Unidos indica que, una vez que el Secretario del Tesoro Americano establece que una institución financiera es de preocupación primaria de lavado de dinero, el Secretario tiene la autoridad de requerir a las instituciones financieras del país y agencias gubernamentales del sistema financiero que tomen medidas especiales contra este tipo de entidades. Estas medidas pueden ir desde requerir la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada y de atención especial relacionadas con transacciones preocupantes específicas que sean realizadas por estas entidades en el sistema financiero americano, hasta la prohibición de abrir o mantener cuentas de corresponsalía o de cuentas concentradoras de pago garantizado (“payable-through accounts”).

[8] La Organización Internacional de Policía Criminal es la mayor organización de policía internacional, con 194 países miembros, por lo cual es una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo, tan solo por detrás de las Naciones Unidas. La misión de INTERPOL es la comunicación policial para un mundo más seguro y por eso apoya y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir la delincuencia internacional.

[9] En mayo 2008, la Junta Ejecutiva del FMI acordó crear un programa de evaluación de centros financieros de ultramar (Offshore Financial Center, OFC) e integrarlo con su “Programa de Evaluación del Sector Financiero” (Financial Sector Assessment Program, FSAP). Este programa ha ayudado a fortalecer la regulación y supervisión, así como a mejorar el cumplimiento con los estándares de supervisión en las jurisdicciones de ultramar.

[10] Es un acuerdo alcanzado entre los miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) que sirve como guía para establecer acuerdos tributarios. Es una convención que contiene artículos, comentarios, declaración de posiciones y reportes especiales sobre problemas impositivos en evolución.

[11] Es un reporte que emite el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en cumplimiento con lo establecido en el Título 22 del Código Federal, Sección 2656f, el cual requiere a esta instancia gubernamental enviar al Congreso un reporte integral y completo sobre terrorismo sobre aquellos países y grupos identificados como patrocinantes del terrorismo o facilitadores de las actividades de grupos terroristas.

[12] The Financial Secrecy Index ordena las jurisdicciones de acuerdo a sus niveles de secreto bancario y nivel de actividades financieras offshore. Es un ranking neutral, políticamente hablando, ya que es una herramienta que ayuda a dar a conocer aquellas jurisdicciones que son paraísos fiscales o de secreto financiero, flujos ilícitos de fondos y fuga de capitales. El índice fue creado a principios de 2018.

[13] Freedom House es una organización no gubernamental con sede en Washington D. C. y con oficinas en cerca de una docena de países. Conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Se describe como “una voz clara para la democracia y libertad por el mundo”. La principal publicación de Freedom House es el “Informe de Libertad en el Mundo”, que compara estándares de derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo. Publicado anualmente desde 1972, este estudio contiene puntuaciones y comentarios sobre el estado de la democracia en 193 naciones y 15 territorios.

[14] Es un reporte de las actividades realizadas por la Foreign Commonwealth Office (FCO) del Reino Unido para promover los derechos humanos a nivel mundial. Cada reporte incluye comentarios y recomendaciones que han sido recibidos en el transcurso del año anterior, del reporte del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso Británico (House of Commons) y de un número determinado de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El reporte está diseñado para ser accesible a personas no especialistas en la materia, que tengan un interés general por temas de política exterior británica.

[15] El Índice de Percepción de Corrupción (CPI) es un índice publicado anualmente por la organización Transparencia Internacional (“International Transparency”) desde 1995, el cual ordena a los países sobre la base de sus niveles percibidos de corrupción gubernamental, según la determinación de la evaluación de expertos en el área y los resultados de encuestas de opinión.

[16] Publicado de forma anual desde 2002, por Reporteros Sin Fronteras (Reporters Without Borders - RSF), este índice clasifica 180 países y regiones según el nivel de libertad disponible para los periodistas, el cual indica la situación de la libertad de los medios basada en una evaluación del pluralismo, la independencia de los medios, la calidad del marco legislativo y la seguridad de los periodistas en cada país y región.

[17] Es un indicador que mide a nivel agregado e individual, desde 1996, para más de 200 gobiernos y territorios a nivel mundial, seis dimensiones de gobierno: (i) “Voz y Responsabilidad”, (ii) “Estabilidad Política y Ausencia de Violencia”, (iii) “Efectividad Gubernamental”, (iv) “Calidad Regulatoria”, (v) “Imperio de la Ley” y (vi) “Control de la Corrupción”.

[18] El Informe sobre la trata de personas (TIP) es la principal herramienta diplomática del gobierno de los Estados Unidos para involucrar a los gobiernos extranjeros en esta actividad ilícita. También es el recurso más completo del mundo de los esfuerzos gubernamentales contra la trata y refleja el compromiso del gobierno de los Estados Unidos con el liderazgo mundial en este tema clave de derechos humanos y aplicación de la ley.

[19] El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) es un informe anual que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emite al Congreso, de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior. Describe los esfuerzos de los países clave para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas en el año calendario anterior. Consta de dos (2) volúmenes: el volumen I aborda las actividades de control de drogas y productos químicos; y el volumen II, el lavado de dinero y los delitos financieros.

[20] El Global Competitiveness Index, GCI, es desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial. Este índice mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible, hoy y a medio plazo.

[21] El Índice de Desarrollo Humano es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); es un indicador que sintetiza los logros y medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, la de la educación se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar; por su parte, la dimensión del nivel de vida se mide conforme al ingreso bruto per cápita.

[22] El Índice de asignación de recursos IDA (International Development Association) denominado IRAI: IDA Resource Allocation Index del Banco Mundial, se basa en los resultados del ejercicio anual de CPIA que cubre los países elegibles para IDA. La CPIA califica a los países con un conjunto de 16 criterios agrupados en cuatro grupos: (a) gestión económica; (b) políticas estructurales; (c) políticas de inclusión social y equidad; y (d) gestión e instituciones del sector público. Los criterios se centran en equilibrar la captura de los factores clave que fomentan el crecimiento y la reducción de la pobreza, con la necesidad de evitar una carga excesiva en el proceso de evaluación.

[23] El proyecto Doing Business proporciona medidas objetivas de las regulaciones comerciales y su aplicación en 190 economías. Las economías se clasifican según su facilidad para hacer negocios, del 1 al 190. Las clasificaciones se determinan con base en los puntajes agregados (anteriormente llamados distancia a la frontera) en 10 temas, cada uno de los cuales consta de varios indicadores, dando el mismo peso a cada tema.

[24] El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) es una organización intergubernamental con oficinas regionales en América Latina (Costa Rica), Asia y Oceanía (Australia), y África (Etiopía). La sede central de la organización se encuentra en Estocolmo (Suecia). IDEA Internacional trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo y desarrollar democracias sostenibles, eficaces y legítimas.

[25] La International Budget Partnership (IBP) colabora con la sociedad civil de todo el mundo para utilizar el análisis presupuestario y la promoción como una herramienta para mejorar la gobernanza efectiva y reducir la pobreza. Emiten de forma anual el Índice de Presupuesto Abierto (Open Budget Index – OBI) que es una medida comparativa independiente del mundo de transparencia presupuestaria del gobierno central. El Índice asigna a los países cubiertos por la “Encuesta de Presupuesto Abierto” una puntuación de transparencia en una escala de 100 puntos utilizando un subconjunto de preguntas que evalúan la cantidad y oportunidad de la información presupuestaria que los gobiernos ponen a disposición del público en ocho documentos presupuestarios clave, de acuerdo con los estándares internacionales de buenas prácticas.

[26] APG - Asian/Pacific Group on Money Laundering.

[27] CFATF - The Caribbean Financial Action Task Force.

[28] EAG - Eurasian Group.

[29] ESAAMLG - Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group.

[30] GAFISUD - Grupo de Acción Financiera de Sudamérica.

[31] GIABA - Group Against Money Laundering in West Africa.

[32] MENAFATF - Middle East and North Africa Financial Action Task Force.

[33] MONEYVAL - Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism of Europe.

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