Marcos Tinedo*
¿POR QUÉ CERRARON MI CUENTA EN MIAMI?
UBICACIÓN
GEOGRÁFICA DEL CLIENTE Y
LA
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
En una entidad
bancaria, la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo es
responsabilidad de todos sus empleados, especialmente de aquellos que se
encuentran ejerciendo actividades de toma de riesgo dentro de los negocios primarios
de la entidad, que al fin y al cabo son los primeros responsables de la
ejecución de los controles claves de un “Programa de Prevención de Lavado de Dinero”
al momento de ejecutar procedimientos relacionados con el conocimiento de sus
clientes.
Estas personas, que
podrían calificarse como “dueños del cliente”, son los responsables de
comprender el riesgo integral de lavado de dinero que conlleva cada relación de
negocios que mantienen dentro de su portafolio y las razones subyacentes que
así lo generan.
Es bueno
destacar que no está prohibido que los negocios puedan establecer relaciones
con clientes de alto riesgo, ofrecer productos de alto riesgo o ejecutar
transacciones que conlleven un elevado riesgo. Sin embargo, lo que sí se
requiere de ellos es que realicen una evaluación apropiada de los mismos y
documenten los riesgos que están presentes en estas operaciones para poder
fijar los niveles apropiados de mitigación de cada uno de ellos, mediante la
definición de los controles internos apropiados.
Conforme a lo
indicado anteriormente, es importante que al momento de definir el enfoque en
base a riesgos a utilizar para evaluar los mismos y fijar las acciones
mitigantes correspondientes, se consideren las siguientes categorías:
1. Información del
cliente derivada de los procedimientos de identificación, debida diligencia del
cliente y debida diligencia mejorada;
2. Perfil
político derivado de la evaluación de los resultados producto del filtrado o screening [1] de “Personas Políticamente
Expuestas” [2] y otros indicadores que pudieran señalar este estatus en las
relaciones de clientes del banco;
3. Información
reputacional derivada del resultado del filtrado o screening de los nombres involucrados con las relaciones de
clientes (mejor conocido como screening
de noticias negativas);
4. Información
geográfica derivada de la ejecución de los procesos indicados anteriormente,
incluyendo el “Perfil Esperado de Uso y Contratación de los Productos” [3] del
banco por parte de las relaciones de clientes.
De aquí que,
para este último punto, deben considerar el riesgo de ubicación geográfica como
un factor en la determinación de los niveles de debida diligencia que un
cliente pudiera requerir, lo cual va a impactar la definición de los esfuerzos
de monitoreo de transacciones de una determinada relación de cliente.
En consecuencia,
para facilitar un enfoque consistente, el banco debe poseer una lista que
identifique los riesgos inherentes de las ubicaciones geográficas que manejan
en su cartera de clientes, y que del mismo modo constituyen sus mercados
objetivos (sean locales, regionales o globales, según la dimensión de negocios
de cada institución financiera). Esta lista debe ser actualizada al menos una
vez al año y debe reflejar cualquier cambio material que pudiera registrarse en
este respecto. Las fuentes de información o factores específicos a considerar
en el desarrollo de esta lista, son:
1. Países
sujetos a declaraciones (“statements”
[4]) o mensajes de asesoría de riesgo (“advisories”
[5]) emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o por la
Red de Crimen Financiero de los Estados Unidos de América (FinCen);
2. Países y
regiones sujetos a sanciones, embargos, o medidas similares por parte de la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos, Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, Unión Europea, Tesoro Británico (Her Majesty’s Treasury) y el CIA World Factbook [6];
3. Países e “Instituciones
Financieras” designados como “de preocupación primaria de lavado de dinero” (“primary money laundering concern” [7]) y
sujetos a medidas especiales según lo establecido por la Sección 311 de la Ley
Patriota de Estados Unidos (USA PATRIOT
Act);
4. Países con
deficiencias en sus marcos regulatorios (leyes, regulaciones u otras medidas)
de “Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”;
5. Países
identificados por la Organización Internacional de Policía Criminal (International Criminal Police Organization,
INTERPOL [8]) como fuente principal, ruta, o consumidor de drogas o narcóticos
más comúnmente utilizados y traficados;
6. Países
identificados como centros financieros de ultramar (“offshore” [9]) por el Fondo Monetario Internacional (FMI);
7. Países que no
han implementado el estándar tributario acordado internacionalmente [10],
desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OECD);
8. Países
identificados con controles débiles para limitar o prohibir la constitución de
entidades jurídicas en su jurisdicción, que posean o emitan acciones al
portador;
9. Países
identificados como Estados patrocinantes del terrorismo o paraísos seguros para
el terrorismo en el Reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre
Terrorismo [11];
10. Niveles de
secreto financiero percibido en los países, evidenciado por la calificación
cuantitativa del Índice sobre Secreto Financiero emitido por la Red de Justicia
Tributaria [12];
11. Niveles de
derechos políticos y libertades civiles percibidas en los países, evidenciados
por:
a. Calificación del
Índice Mundial emitido por la Freedom’s
House [13],
b. Resultados
del Reporte de Democracia y Derechos Humanos emitido por la UK Foreign & Commonwealth Office
[14],
c. Índice de
Percepción de Corrupción emitido por Transparencia Internacional [15],
d. Índice de
Libertad de Prensa emitido por Reporteros sin Fronteras [16],
e. Indicadores
de Gobernanza Mundial emitidos por el Banco Mundial [17],
f. Reporte de
Trata de Personas emitido por el Tesoro Americano [18],
g. Reporte
emitido por el Tesoro Americano denominado INCSR (International Narcotics Control Strategy Report [19]); y,
12. Niveles de
competitividad económica percibidos en los países, según la calificación
obtenida en:
a. Índice de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial [20],
b. Índice de
Desarrollo Humano de las Naciones Unidas [21],
c. Índice de
Distribución de Recursos (IDA) emitido por el Banco Mundial [22],
d. Índice “Doing Business” [23] del Banco Mundial,
e. Base de Datos
Política Financiera del IDEA [24] - International
Institute for Democracy and Electoral Asistance - Internacional IDEA;
f. Índice de
Presupuesto Abierto emitido por la Sociedad de Presupuesto Internacional [25];
g. Países
identificados por el GAFI como miembros del GAFI o de un Cuerpo Regional
asociado (Tipo GAFI) a éste, p.e. APG [26], CFATF [27], EAG [28], ESAAMLG [29],
GAFISUD [30], GIABA [31], MENAFAFT [32] y MONEYVAL [33].
Derivado de este
análisis, debe desarrollarse una metodología de calificación de riesgo por
jurisdicciones objetivo de negocios del banco, identificando las mismas como de
“Bajo”, “Medio” o “Alto Riesgo”, llegando incluso a tomarse consideraciones
como la necesidad de ejecución de debida diligencia mejorada o medidas
adicionales en aquellas que representen un alto riesgo de ubicación geográfica.
Inclusive, pudiera decidirse no tener relaciones de negocios con personas o
entidades ubicadas en aquellas jurisdicciones que, con base en el análisis
anterior, excedan el nivel de apetito de riesgo del banco; esto traería como
consecuencia para aquellos clientes o relaciones existentes, la posible
cancelación de las cuentas y relaciones mantenidas en alguno de ellos, como
resultado de cambios significativos percibidos en el riesgo de ubicación
geográfica de una determinada jurisdicción, región o país.
Del mismo modo,
pueden incorporarse otros indicadores reconocidos a nivel local, regional o
global y excluirse algunos aquí indicados. Lo importante es siempre considerar
métricas que puedan ser de utilidad para las geografías, ya sean, países,
territorios o zonas especiales, donde se encuentran y realizan sus principales
negocios los clientes de la institución financiera, o que constituyen mercados
objetivos del banco a ser desarrollados.
Notas
* Marcos Tinedo: Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB), Contador Público. Comisión Nacional Bancaria y de Valores
de México (CNBV), Oficial de Cumplimiento. Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA), Máster en Finanzas. Es autor del libro Mejores prácticas para implementar un
programa de cumplimiento normativo de los principales regímenes de sanciones
económicas-financieras a nivel mundial en la banca internacional (2019).
[1] Es una técnica clave para
operativizar el tema de “Sanciones”, que se define como un sistema que remueve
la información redundante o no deseada de un flujo de información utilizando
métodos semiautomáticos o computarizados previo a la comparación de la
información con la lista de sanciones respectiva.
[2] Individuos que desempeñan o han
desempeñado funciones públicas destacadas, por ejemplo, jefes de Estado,
políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o
militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales,
funcionarios importantes de partidos políticos, entre otros.
[3] Es un formato utilizado en el
proceso de vinculación de un cliente o relación, en el cual se recoge
información del cliente sobre cuáles productos espera utilizar en el banco y la
manera en que los utilizará.
[4] Como resultado de reuniones
plenarias periódicas, el GAFI emite los “statements”
o declaraciones en las cuales se pronuncia sobre jurisdicciones calificadas
como “no cooperantes” o de alto riesgo. Por lo general se emiten en febrero y
junio de cada año.
[5] FinCen emite periódicamente “advisories” o “recomendaciones” públicas
y privadas a instituciones financieras alertándolas de amenazas o
vulnerabilidades preocupantes identificadas de lavado de dinero o
financiamiento al terrorismo, con el propósito de que las mismas puedan tomar
medidas de protección de manera oportuna contra dichas amenazas. Estas
recomendaciones contienen tipologías de actividades ilícitas, alertas (“red flags”) que facilitan el monitoreo,
y cursos de acción recomendados para cumplir con las regulaciones del FinCen y
poder enfrentar con éxito las amenazas y vulnerabilidades descritas
anteriormente.
[6] Es una publicación anual de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos con información
básica –tipo almanaque– acerca de diversos países del mundo. Proporciona un
resumen de dos o tres páginas de los datos de demografía, geografía,
comunicaciones, gobierno, economía y militar de 267 entidades, incluidos en
ellos los países reconocidos por Estados Unidos, los territorios dependientes y
otras áreas en el mundo.
[7] La sección 311 de la Ley Patriota de
los Estados Unidos indica que, una vez que el Secretario del Tesoro Americano
establece que una institución financiera es de preocupación primaria de lavado
de dinero, el Secretario tiene la autoridad de requerir a las instituciones
financieras del país y agencias gubernamentales del sistema financiero que
tomen medidas especiales contra este tipo de entidades. Estas medidas pueden ir
desde requerir la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada y de
atención especial relacionadas con transacciones preocupantes específicas que
sean realizadas por estas entidades en el sistema financiero americano, hasta
la prohibición de abrir o mantener cuentas de corresponsalía o de cuentas
concentradoras de pago garantizado (“payable-through
accounts”).
[8] La Organización Internacional
de Policía Criminal es la mayor organización de policía internacional, con 194
países miembros, por lo cual es una de las organizaciones internacionales más
grandes del mundo, tan solo por detrás de las Naciones Unidas. La misión de INTERPOL
es la comunicación policial para un mundo más seguro y por eso apoya y ayuda a
todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o
combatir la delincuencia internacional.
[9] En mayo 2008, la Junta Ejecutiva del
FMI acordó crear un programa de evaluación de centros financieros de ultramar (Offshore Financial Center, OFC) e
integrarlo con su “Programa de Evaluación del Sector Financiero” (Financial Sector Assessment Program,
FSAP). Este programa ha ayudado a fortalecer la regulación y supervisión, así
como a mejorar el cumplimiento con los estándares de supervisión en las
jurisdicciones de ultramar.
[10] Es un acuerdo alcanzado entre los
miembros de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo
(OECD) que sirve como guía para establecer acuerdos tributarios. Es una
convención que contiene artículos, comentarios, declaración de posiciones y
reportes especiales sobre problemas impositivos en evolución.
[11] Es un reporte que emite el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, en cumplimiento con lo
establecido en el Título 22 del Código Federal, Sección 2656f, el cual requiere
a esta instancia gubernamental enviar al Congreso un reporte integral y
completo sobre terrorismo sobre aquellos países y grupos identificados como patrocinantes
del terrorismo o facilitadores de las actividades de grupos terroristas.
[12] The
Financial Secrecy Index ordena las jurisdicciones de acuerdo a sus niveles
de secreto bancario y nivel de actividades financieras offshore. Es un ranking neutral, políticamente hablando, ya que es
una herramienta que ayuda a dar a conocer aquellas jurisdicciones que son
paraísos fiscales o de secreto financiero, flujos ilícitos de fondos y fuga de
capitales. El índice fue creado a principios de 2018.
[13] Freedom
House es una organización no gubernamental con sede en Washington D. C. y
con oficinas en cerca de una docena de países. Conduce investigaciones y
promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos. Se
describe como “una voz clara para la democracia y libertad por el mundo”. La
principal publicación de Freedom House
es el “Informe de Libertad en el Mundo”, que compara estándares de derechos
políticos y libertades civiles en todos los países del mundo. Publicado
anualmente desde 1972, este estudio contiene puntuaciones y comentarios sobre
el estado de la democracia en 193 naciones y 15 territorios.
[14] Es un reporte de las actividades realizadas por la Foreign Commonwealth Office (FCO) del
Reino Unido para promover los derechos humanos a nivel mundial. Cada
reporte incluye comentarios y recomendaciones que han sido recibidos en el
transcurso del año anterior, del reporte del Comité de Asuntos Exteriores del
Congreso Británico (House of Commons)
y de un número determinado de organizaciones no gubernamentales de derechos
humanos. El reporte está diseñado para ser accesible a personas no
especialistas en la materia, que tengan un interés general por temas de
política exterior británica.
[15] El Índice de Percepción de
Corrupción (CPI) es un índice publicado anualmente por la organización
Transparencia Internacional (“International
Transparency”) desde 1995, el cual ordena a los países sobre la base de sus
niveles percibidos de corrupción gubernamental, según la determinación de la
evaluación de expertos en el área y los resultados de encuestas de opinión.
[16] Publicado de forma anual desde 2002,
por Reporteros Sin Fronteras (Reporters
Without Borders - RSF), este índice clasifica 180 países y regiones según
el nivel de libertad disponible para los periodistas, el cual indica la
situación de la libertad de los medios basada en una evaluación del pluralismo,
la independencia de los medios, la calidad del marco legislativo y la seguridad
de los periodistas en cada país y región.
[17] Es un indicador que mide a nivel
agregado e individual, desde 1996, para más de 200 gobiernos y territorios a
nivel mundial, seis dimensiones de gobierno: (i) “Voz y Responsabilidad”, (ii) “Estabilidad
Política y Ausencia de Violencia”, (iii) “Efectividad Gubernamental”, (iv) “Calidad
Regulatoria”, (v) “Imperio de la Ley” y (vi) “Control de la Corrupción”.
[18] El Informe sobre la trata de
personas (TIP) es la principal herramienta diplomática del gobierno de los
Estados Unidos para involucrar a los gobiernos extranjeros en esta actividad
ilícita. También es el recurso más completo del mundo de los esfuerzos
gubernamentales contra la trata y refleja el compromiso del gobierno de los
Estados Unidos con el liderazgo mundial en este tema clave de derechos humanos
y aplicación de la ley.
[19] El Informe de la Estrategia
Internacional de Control de Narcóticos (INCSR) es un informe anual que el
Departamento de Estado de los Estados Unidos emite al Congreso, de conformidad
con la Ley de Asistencia Exterior. Describe los esfuerzos de los países clave
para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas en el año
calendario anterior. Consta de dos (2) volúmenes: el volumen I aborda las
actividades de control de drogas y productos químicos; y el volumen II, el
lavado de dinero y los delitos financieros.
[20] El Global Competitiveness Index, GCI, es desarrollado y publicado
anualmente desde 1979 por el Foro Económico Mundial. Este índice mide la
habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus
ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente un país
utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto
de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad
económica sostenible, hoy y a medio plazo.
[21] El Índice de Desarrollo Humano es
un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); es un indicador que sintetiza los
logros y medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo
humano, a saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y
disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media aritmética de los
índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. La dimensión de la
salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, la de la educación se mide
por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los
años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar; por su parte, la
dimensión del nivel de vida se mide conforme al ingreso bruto per cápita.
[22] El Índice de asignación de recursos
IDA (International Development
Association) denominado IRAI: IDA Resource
Allocation Index del Banco Mundial, se basa en los resultados del ejercicio
anual de CPIA que cubre los países elegibles para IDA. La CPIA califica a los
países con un conjunto de 16 criterios agrupados en cuatro grupos: (a) gestión
económica; (b) políticas estructurales; (c) políticas de inclusión social y
equidad; y (d) gestión e instituciones del sector público. Los criterios se
centran en equilibrar la captura de los factores clave que fomentan el
crecimiento y la reducción de la pobreza, con la necesidad de evitar una carga
excesiva en el proceso de evaluación.
[23] El proyecto Doing Business proporciona medidas objetivas de las regulaciones
comerciales y su aplicación en 190 economías. Las economías se clasifican según
su facilidad para hacer negocios, del 1 al 190. Las clasificaciones se
determinan con base en los puntajes agregados (anteriormente llamados distancia
a la frontera) en 10 temas, cada uno de los cuales consta de varios
indicadores, dando el mismo peso a cada tema.
[24] El Instituto Internacional para la
Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) es una organización
intergubernamental con oficinas regionales en América Latina (Costa Rica), Asia
y Oceanía (Australia), y África (Etiopía). La sede central de la organización
se encuentra en Estocolmo (Suecia). IDEA Internacional trabaja para apoyar y
fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo y
desarrollar democracias sostenibles, eficaces y legítimas.
[25] La International Budget Partnership (IBP) colabora con la sociedad
civil de todo el mundo para utilizar el análisis presupuestario y la promoción
como una herramienta para mejorar la gobernanza efectiva y reducir la pobreza.
Emiten de forma anual el Índice de Presupuesto Abierto (Open Budget Index – OBI) que es una medida comparativa
independiente del mundo de transparencia presupuestaria del gobierno central.
El Índice asigna a los países cubiertos por la “Encuesta de Presupuesto Abierto”
una puntuación de transparencia en una escala de 100 puntos utilizando un
subconjunto de preguntas que evalúan la cantidad y oportunidad de la información
presupuestaria que los gobiernos ponen a disposición del público en ocho
documentos presupuestarios clave, de acuerdo con los estándares internacionales
de buenas prácticas.
[26] APG - Asian/Pacific
Group on Money Laundering.
[27] CFATF - The Caribbean Financial Action Task Force.
[28] EAG - Eurasian Group.
[29] ESAAMLG - Eastern and Southern Africa Anti-Money
Laundering Group.
[30] GAFISUD - Grupo de Acción
Financiera de Sudamérica.
[31] GIABA - Group Against Money Laundering in West
Africa.
[32] MENAFATF - Middle East and North Africa Financial
Action Task Force.
[33] MONEYVAL - Committee
of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the
Financing of Terrorism of Europe.
