Natalia Boza Scotto*
DIALÉCTICA
SOBRE LA FORMALIZACIÓN
DEL RECURSO DE CASACIÓN LABORAL
Argumentos y
contraargumentos
en torno a la
extensión y el contenido del escrito
S
U M A R I O
Introducción
1. Disposición
legal: artículo 171 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo
2. Polémica
en torno a la extensión del escrito de formalización
2.1.
Número de folios
2.1.1.
Tesis de la Sala
de Casación Social: la indispensable utilización del reverso del folio
2.1.1.1.
Voto salvado: tres folios son equivalentes a seis páginas
2.1.2.
Refutación de la
Sala Constitucional : coincide con la opinión del Magistrado
disidente
2.2.
Número de líneas
2.2.1.
Tesis de la Sala
de Casación Social: la aplicación de los límites del papel sellado
2.2.1.1.
Flexibilización del criterio: lapso para subsanar
2.2.2.
Crítica de la Sala
Constitucional : las exigencias de un instrumento recaudatorio
son formalismos
2.2.2.1.
Voto salvado: la brevedad del escrito justifica las formalidades
3. Debate entre la necesidad de fundamentar el
recurso y la exigencia de una técnica
3.1.
Tesis de la Sala Constitucional
3.1.1.
Voto salvado: el objeto de la técnica es razonar el escrito de formalización
3.1.2. Una vez más: la importancia de las
definiciones en el lenguaje jurídico
Conclusión
Bibliografía
INTRODUCCIÓN
El
estudio de la Teoría del Derecho se ha volcado, más allá de la perspectiva
estructural, a su carácter dinámico o funcional, concibiéndolo “como una serie de procedimientos discursivos”[1].
Siguiendo esta línea de pensamiento, y considerando que la argumentación y la
interpretación son temas inescindibles[2],
resulta de gran interés examinar cuál es el razonamiento que justifica el
sentido atribuido a una norma jurídica.
En
este análisis, adquiere relevancia la figura de la revisión constitucional, en
virtud de la cual una determinada Sala del Tribunal Supremo de Justicia (en lo
adelante, TSJ) está facultada para controlar la constitucionalidad de las
sentencias de las restantes Salas de ese órgano jurisdiccional, fallos que,
antes de la vigencia del actual Texto Fundamental, eran irrecurribles. Dicho
mecanismo procesal origina, en ocasiones, un juego dialéctico en torno a la
adecuada resolución de un caso concreto. La divergencia de criterios entre las
Salas puede provenir de diversos motivos, entre los cuales interesa destacar, a
los fines del presente estudio, aquel derivado de la diversidad de opiniones
respecto de la interpretación que debe darse a una norma jurídica. Tesis y refutación[3]
brindan, en su conjunto, un rico material de análisis acerca de las razones
aducidas para entender la ley en un sentido o en otro.
Con
el propósito de abordar el estudio del proceso argumentativo de las decisiones
emanadas del más alto Tribunal de la República y mostrar esta dialéctica de
forma diáfana y divertida, se seleccionó una temática de naturaleza procesal
que ha generado gran interés en el foro, debido a su repercusión práctica en el
ejercicio profesional de quienes se dedican al Derecho del Trabajo; se trata de
las condiciones de modo que debe cumplir el escrito de formalización del
recurso de casación laboral, a saber, la extensión y el ser razonado.
A
tal efecto, primeramente se expone la redacción textual de la disposición
referida a este asunto; a continuación, se examina la interpretación de la Sala de Casación Social (en
lo adelante, SCS) –competente en materia laboral– acerca de cada una de las
condiciones de modo del escrito –extensión y fundamentación– y se confronta con
la opinión de la Sala Constitucional (en lo adelante, SC). En este marco, a los
argumentos y contraargumentos de la mayoría sentenciadora de cada Sala, se unen
las opiniones divergentes expresadas en tres votos salvados. Por último, una
vez presentadas las conclusiones correspondientes, se incorpora un apéndice,
contentivo de las sentencias aquí comentadas –con exclusión de la parte
narrativa, por razones de espacio–, para que el lector pueda contrastar lo
expuesto con los textos originales, y sacar así sus propias conclusiones.
1. DISPOSICIÓN
LEGAL: ARTÍCULO 171 DE LA
LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO
El
recurso de casación tiene una naturaleza extraordinaria, y ello explica la
existencia de la carga procesal del recurrente, de fundamentar el recurso a
través del escrito de formalización, el cual debe cumplir determinadas
condiciones de tiempo, lugar y modo.
Con
relación a estas últimas, en lo que respecta a la recurso de casación laboral, el
artículo 171 de la Ley
Orgánica Procesal del Trabajo (en lo adelante, LOPT) dispone
que el impugnante debe consignar “un
escrito razonado”, el cual “deberá
contener los argumentos que a su juicio justifiquen la nulidad del fallo
recurrido, y (…) no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, sin
más formalidades”. Asimismo, establece dicha disposición que se declarará
perecido el recurso, cuando la formalización sea extemporánea o “no cumpla con los requisitos establecidos”.
2. POLÉMICA
EN TORNO A LA EXTENSIÓN
DEL ESCRITO DE FORMALIZACIÓN
2.1.
Número de folios
2.1.1. Tesis de la Sala de Casación Social: la indispensable
utilización del reverso del folio
Dos
años después de entrar en vigor la normativa del nuevo procesal laboral, y a
ocho meses de ampliarse la SCS
de tres a cinco Magistrados[4],
causa sorpresa en el foro la interpretación rigurosamente literal de la
disposición antes citada, que llevó a determinar la ineficacia del escrito de
formalización por estar contenido en “cinco
(5) folios útiles sin que la parte recurrente haya utilizado sus vueltos”,
con la consiguiente declaratoria del perecimiento del recurso de casación. En
este sentido, se dejó sentado expresamente que el mencionado escrito “debe cumplir con el requisito de forma (…)
relativo a la extensión de tres folios útiles y sus vueltos”[5].
¿Existen
razones capaces de sustentar tal posición? Además del texto de la ley, se
señaló el principio de la legalidad de las formas procesales y se descartó el
principio antiformalista que deriva del artículo 257 constitucional, a través
de una cita de la doctrina foránea sobre la significación de las formas en la
ordenación del proceso.
Con
tal justificación interna[6],
incurrió la Sala
en un sofisma de atinencia[7],
porque las premisas aportadas no conducen a la conclusión[8]
que indica la presentación del escrito “en
tres folios útiles y sus vueltos”
(resaltado añadido). Para arribar a esta conclusión, era menester analizar por
qué dicha extensión constituye una formalidad necesaria, porque solo así le
resultaban aplicables las premisas, referidas a la importancia de las formas en
el proceso.
La
aplicación del argumento apagógico[9],
lleva a descartar la interpretación excesivamente formalista y apegada a la
literalidad de la ley realizada por la
Sala , por cuanto lo sostenido por ella conduce a declarar
perecido el recurso de casación cuando el escrito razonado tenga una extensión
inferior al límite establecido, independientemente del uso o no del vuelto de
cada folio. Más aun, mal podría sancionarse la falta de empleo del reverso de
los folios por parte del impugnante, cuando el mismo TSJ no lo hace, al publicar
sus decisiones.
2.1.1.1.
Voto salvado: tres folios son equivalentes a seis páginas
Para
el Magistrado disidente, debe interpretarse que el límite máximo legalmente
establecido es de seis páginas, con independencia de la utilización o no del
vuelto de cada folio; si, por el contrario, se interpreta de forma rigurosa, al
punto de exigirse que el escrito no sobrepase la cantidad de tres folios,
empleando necesariamente el reverso de los mismos, esa limitación devendría en
un formalismo inútil.
El
razonamiento correspondiente inicia con un argumento teleológico[10]:
el artículo 171 de la LOPT restringe la extensión del escrito de formalización
con la finalidad de lograr que las denuncias sean planteadas en términos
lacónicos y evitando amplias transcripciones, exigencia de abreviación que se
explica porque en la audiencia de casación, el recurrente tendrá la oportunidad
de extenderse en sus defensas.
A
la premisa precedente, agregó que dicho requisito formal “no debe ser interpretado en un sentido estricto, si no (sic) más bien
flexible”, a fin de permitir que prevalezca la justicia. En este orden de
ideas, precisó las definiciones[11]
de las palabras folio –que tiene un
anverso y un vuelto– y página –cada uno de los lados de una
hoja–.
Con
base en las premisas anteriores, arribó a la conclusión del cumplimiento de la
exigencia de la extensión del escrito, siempre que este “no exceda el límite impuesto (…) independientemente del modo como [el recurrente] utilice los tres folios
(3) (sic) permitidos”; por
consiguiente, el requisito relativo a la extensión del escrito “se cumple, no sólo cuando (…) sea consignado
en tres folios útiles y sus vueltos, sino cuando el mismo sea presentado en
varias páginas siempre que no excedan de la misma cantidad de folios exigidos,
es decir, seis (6) páginas”.
Es
atinada la conclusión del Magistrado disidente, quien se percató de la
importancia del lenguaje en el Derecho y determinó el sentido de la norma a
partir de la definición de los términos usados por el legislador; a pesar de
ser una interpretación literal, destaca frente a la opinión de la mayoría
sentenciadora por ser razonable. Llama la atención, no obstante, que nunca
cuestione la exigencia legal de una extensión máxima del escrito.
2.1.2. Refutación de la Sala Constitucional :
coincide con la opinión del Magistrado disidente
Frente
a la premisa relativa al principio de legalidad de las formas procesales (artículo
11 de la LOPT), tomó en cuenta que la República Bolivariana
de Venezuela es un Estado de Derecho y de Justicia, que garantiza el acceso a
los órganos jurisdiccionales, siendo el proceso un instrumento para la
realización de la justicia, la cual no será sacrificada por formalismos ni
reposiciones inútiles (artículos 2, 26 y 257 constitucionales). Por lo tanto,
la necesidad de las formas procesales “no
justifica la aplicación ex iure quiritarium de la legislación procesal laboral, y el consecuente regreso a las
solemnidades procesales del ordenamiento pre-constitucional”.
Tomando
la conclusión señalada como una nueva premisa, observó la Sala que el escrito de
formalización presentado por el recurrente en casación, no excedió del límite
establecido en el artículo 171 de la
LOPT , al tener “cinco
(5) folios sin sus vueltos, [que] equivalen a dos (2) folios completos con sus
vueltos, y otro simple (sin su vuelto), es decir, dos folios y medio”. Así,
consideró errada la interpretación de la SCS, por ser exagerado, excesivamente
formalista y poco razonable el declarar perecido el recurso.
Como se aprecia, solo implícitamente señaló la SC cuál es la interpretación
adecuada de la extensión máxima permitida, de “tres (3) folios útiles y sus vueltos”, puesto que se abstuvo de
explicitar –como lo hizo de forma expresa el Magistrado disidente de la SCS – que tal extensión
equivale a un máximo de seis páginas, y que el requerir el empleo del anverso
de cada folio constituye un formalismo inútil.
2.2.
Número de líneas
2.2.1. Tesis de la Sala de Casación Social: la aplicación de los
límites del papel sellado
Una
semana después de interpretar rigurosamente la limitación del número de folios
del escrito de formalización, la SCS
estableció un nuevo parámetro restrictivo, relativo a la cantidad de líneas
permitidas en cada uno de esos folios[13].
Inició
el razonamiento justificando, mediante la hipótesis del legislador dotado de
fines, el límite máximo del escrito previsto en el artículo 171 de la LOPT : la finalidad de la
norma es lograr que el mismo sea redactado de forma diáfana y concisa, con una
adecuada fundamentación de las denuncias, porque el recurrente podrá
desarrollar con amplitud sus argumentos, en la audiencia de casación. A partir
de tal premisa, y para evitar el uso abusivo de la extensión máxima permitida,
aplicó el artículo 31, parágrafo primero de la Ley de Timbre Fiscal (en lo adelante, LTF), según
el cual en el papel sellado se podrán imprimir
30 líneas horizontales en el anverso y 34 en el
reverso, numeradas en ambos extremos. Con base en lo anterior, la Sala exigió limitar la
escritura plasmada en cada folio de la formalización, a esa cantidad de líneas,
“sin necesidad de enumerarlas”.
Como
se observa, la SCS
empleó el argumento analógico[14]
porque, ante la ausencia de una disposición expresa que normara la cantidad de
líneas del escrito razonado, aplicó una que regula una situación diversa –las
condiciones formales del papel sellado–. Sin embargo, ello ameritaba determinar
alguna semejanza relevante entre los folios del mencionado escrito y el papel
sellado; en vez de ello, la Sala
justificó la aplicación de la norma relativa a este, afirmando la necesidad de
evitar el uso abusivo de los tres folios, supuestamente, para que no fuese
desvirtuado el propósito de lograr una redacción sucinta. Pero el artículo 171
de la LOPT dispone que, además de lo allí previsto, no se exigen más
formalidades, lo que descarta la aplicación de la exigencia del papel sellado,
máxime cuando el establecimiento de un requisito adicional para la
fundamentación del recurso de casación es contrario al principio pro actione, por obstaculizar el acceso
a los recursos; y en todo caso, la razón señalada –la redacción clara, precisa
y sucinta– no depende en definitiva de la extensión del escrito.
2.2.1.1.
Flexibilización del criterio: lapso para subsanar
Más
adelante, la SCS ratificó
el criterio antes referido[15],
visto que en una decisión previa había “extendido,
analógicamente, al caso de que el escrito excediera del número máximo de líneas
por folio”,
el criterio de la SC
sobre el número de folios del escrito de formalización[16].
En
primer lugar, acudió nuevamente al argumento teleológico para sustentar que no
se trata de una exigencia caprichosa ni constituye un formalismo innecesario, enfatizando
que debe evitarse el abuso de los recurrentes que intentan burlar el límite
máximo del escrito –la cantidad de tres folios–; a lo anterior, agregó, como
segunda premisa, el derecho constitucional a la defensa, para concluir
ratificando tal exigencia, pero atemperándola mediante la concesión al
recurrente de un lapso para subsanar el supuesto defecto formal del escrito,
sin permitirse la modificación de las denuncias del escrito primigenio, ni la
incorporación de alguna nueva delación.
Sin
explicitar fundamento alguno, la
Sala extendió el requisito en cuestión a la contestación del
recurso, pero sin posibilidad de subsanación, por cuanto el perecimiento del
recurso solo deriva de la ineficacia de la formalización. Al respecto se
observa que, si bien el principio de igualdad procesal permitiría establecer el
mismo límite para el escrito de impugnación del recurso de casación –en el
supuesto negado en que fuese constitucional–, el mencionado principio llevaría
a otorgar el mismo lapso de subsanación, porque su incumplimiento también
genera la ineficacia del escrito, y por ende se le negaría el derecho a la
defensa a la parte no recurrente.
2.2.2. Crítica de la Sala Constitucional :
las exigencias de un instrumento recaudatorio son formalismos
Al
revisar la decisión de la SCS ,
la SC[17]
basó su análisis en el argumento a contrario[18],
al enfatizar el porqué debe excluirse la aplicación de la solución prevista
para el papel sellado. En este orden de ideas, acudiendo al argumento
teleológico, sostuvo que la razón de la norma contenida en el artículo 31,
parágrafo primero de la LTF ,
es la de impedir que se paguen menos tasas, visto que el papel sellado tiene
tal naturaleza; pero en materia jurisdiccional impera el principio de la
gratuidad de la justicia, por lo cual el artículo 32, numeral 1 de la citada
Ley –en virtud del cual las actuaciones ante los tribunales deben presentarse
en papel sellado– quedó derogado tácitamente –esta primera conclusión no incide
en el razonamiento de la Sala
de Casación, porque ella aplicó por analogía, no este artículo, sino el 31,
parágrafo primero–. A partir de esto, aunado a la exoneración del pago del
timbre fiscal para las actuaciones judiciales en materia laboral, entonces
prevista en el artículo 14 de la
Ley Orgánica del Trabajo –premisa innecesaria en razón del
principio constitucional de gratuidad de la justicia– y a la prohibición de
formalismos inútiles, concluyó la SC
que “mal podía[n] aplicar[se] a las
actuaciones propias del Poder Judicial, destinadas al servicio de
administración de justicia, las exigencias y formalidades de un instrumento
recaudatorio regulado por una Ley concebida para obtener ingresos públicos”,
por lo que trasladar las formalidades de este al escrito de formalización,
deviene en un formalismo inútil.
Al
respecto se evidencia que, negada la aplicación –directa– de la LTF a las actuaciones
jurisdiccionales, la Sala
resaltó las razones que negarían la aplicación por analogía de la previsión
allí contenida acerca de la cantidad de líneas del papel sellado –como lo había
efectuado la SCS –,
lo cual implica el argumento a contrario.
2.2.2.1.
Voto salvado: la brevedad del escrito justifica las formalidades
Un
año después de fijarse –por unanimidad– el criterio anteriormente comentado, un
Magistrado de la SC
manifestó su opinión disidente, en otro fallo que lo ratifica[19].
Nuevamente,
el razonamiento comienza con el argumento teleológico, porque destaca la
finalidad perseguida por el artículo 171 de la LOPT al establecer la limitación del número de
folios de la formalización; según afirma el disidente, se busca un “marco abreviado y conciso”, una
redacción sucinta y lacónica, a lo cual añadió que “con posterioridad a la formalización del recurso, el impugnante cuenta
con una fase oral donde puede desarrollar verbal y exhaustivamente los vicios
denunciados”. En consecuencia, consideró válido el pretender “racionalizar el uso de los tres (3) folios
útiles permitidos” por el artículo 171 de la LOPT , y en este sentido,
concluyó que “la referida alineación
horizontal y la exigencia relativa al número de páginas se evidencian como
formalidades que conjuntamente permiten garantizar la brevedad exigida en la
formalización de la casación”.
Justificada así la restricción incorporada por la SCS , respecto de la aplicación
analógica de la norma sobre el papel sellado, señaló que si bien el
artículo 32, numeral 1 de la LTF
quedó derogado con la vigente Constitución, el invocar esa disposición para
interpretar los requisitos de formalización del recurso de casación, “no supone la reedición de una carga
violatoria del principio de gratuidad de la justicia (pues se reitera, que ello
no entraña la formalización del recurso de casación en papel sellado), sino la
utilización de un parámetro racional (…)”.
En el voto salvado se intenta sustentar la aplicación del
argumento a simili –el mismo aplicado
por la SCS – a fin
de normar la alineación del escrito de fundamentación del recurso. Al respecto,
se observa en primer lugar, que la analogía estaría referida al artículo 32,
numeral 1 de la LTF ,
que –en el decir del disidente–, a pesar de estar derogado, ofrece un parámetro
racional; tal aseveración evidencia la falsedad de una premisa, porque la SCS aplicó por analogía el
artículo 31, parágrafo primero de la referida Ley, y no el mencionado en el
voto; más aun, en este supuesto habría que enfatizar la imposibilidad de
aplicar analógicamente una norma derogada. En segundo lugar, si se considera
que el argumento a simili versa sobre
la disposición realmente empleada por la
SCS , entonces el principal contraargumento deriva del
artículo 171 de la LOPT ,
que, después de establecer que debe tratarse de un escrito razonado y su
extensión máxima, agrega que no está sujeto a ninguna otra formalidad. Por
último, se acude a expresiones ambiguas, cuyo sentido no es preciso en la
materia abordada, como principio de
proporcionalidad o de racionalidad[20].
3. DEBATE ENTRE LA
NECESIDAD DE
FUNDAMENTAR EL RECURSO Y LA
EXIGENCIA DE UNA TÉCNICA
3.1.
Tesis de la Sala Constitucional
El
artículo 171 de la LOPT
establece la carga del recurrente en casación de presentar un escrito razonado,
mas no exige una particular técnica de formalización; y en este sentido,
resulta inaplicable el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil (en lo
adelante, CPC). Es esta la opinión de la SC[21],
que la sustentó de la siguiente manera:
Así
las cosas, considerando que el recurso de casación laboral tiene una regulación
propia, observó que el artículo 171 de la LOPT exige, en cuanto a las condiciones de modo
que debe satisfacer el escrito de formalización, una determinada extensión y el
ser razonado, de tal forma que contenga los argumentos que justifiquen la
nulidad del fallo, sin más formalidades, de donde se desprende que no regula
los requisitos intrínsecos que debe satisfacer el escrito in commento, “como sí lo
establece el Código de Procedimiento Civil (ex artículos 317 y 320) (…), marco legal que ha servido de fundamento para
la formación y desarrollo de la jurisprudencia sobre la técnica de casación”.
A
lo anterior, incorporó otra premisa, atinente al principio pro actione y la proscripción constitucional de los formalismos
inútiles, para concluir que el escrito de formalización del recurso de casación
social debe “contener los motivos que
fundamenten la petición de nulidad, mediante los cuales se vincule, de manera
lógica y razonada, ‘sin más formalidades’, la disparidad entre la existencia de un quebrantamiento en el
procedimiento o en el juzgamiento (ex
artículo 168 eiusdem –motivos de
casación–) y el texto legal (sic)”; pero exigir una técnica para la formalización “obedece
a una jurisprudencia formalista que (…) excede de los requerimientos básicos
que disponen las normas que [lo] regulan”.
En
criterio de la SC ,
el artículo 171 de la ley adjetiva laboral no regula los requisitos intrínsecos
del escrito de formalización, como lo establecen los artículos 317 y 320 del
CPC, y, por ende, tampoco exige una particular técnica de casación. Entonces,
el principal argumento que sustenta la conclusión de la Sala , es el argumento a
contrario. Veamos.
En
el recurso de casación civil, el artículo 317 del CPC establece, en cuanto a las
condiciones de modo, que el escrito de formalización debe ser “razonado”, y al respecto exige el
señalamiento de la decisión o decisiones impugnadas, en primer lugar, y luego
la exposición de las denuncias, con un orden de prelación determinado. Con base
en la referida norma, la Sala
de Casación Civil requirió y desarrolló por vía jurisprudencial, una rigurosa
técnica para estructurar el escrito de formalización, así como para plantear cada
una de las denuncias, cuyo incumplimiento sancionó con la aplicación del
artículo 325 del referido Código, según el cual el recurso de casación queda perecido
cuando la formalización “o no llene los
requisitos exigidos” en el artículo 317 eiusdem.
Ahora bien, la SC desestimó
el recurso de nulidad interpuesto contra el citado artículo 325 del CPC,
después de señalar que es “imprescindible
la exposición razonada de los motivos en que se fundamenta el recurso”, y
que las condiciones de modo, lugar y tiempo que debe satisfacer el escrito
correspondiente, no constituyen meros formalismos[23].
Frente
al recurso de casación civil, el laboral está regulado por una Ley especial, la LOPT , que –en palabras de la SC – consagró un recurso
radicalmente diferente, requiriendo la consignación de un escrito razonado, con
determinada extensión, sin más formalidades. Así, si la Ley especial únicamente exige
que el escrito contenga las razones que justificarían la nulidad del fallo, sin
más formalidades, por argumento a contrario no requiere técnica alguna.
Entonces,
visto que el artículo 11 de la ley adjetiva laboral preceptúa que, “(…) en ausencia de disposición expresa, (…)
el Juez del Trabajo podrá aplicar, analógicamente, disposiciones procesales
establecidas en el ordenamiento jurídico (…), cuidando que la norma aplicada
por analogía no contraríe principios
fundamentales establecidos en la presente Ley”[24],
era necesario explicar el porqué de la inaplicabilidad del referido artículo
317 del CPC.
Esta
idea es sugerida por la SC ,
al insistir en que el artículo 171 de la LOPT exige exponer en el escrito de
formalización, los argumentos que justifiquen la nulidad del fallo, en una
determinada extensión máxima, “sin más
formalidades”, aunque en ningún momento hace explícito que tal expresión
niega la aplicación supletoria del orden de prelación requerido en el artículo
317 del CPC.
En
todo caso, es adecuada la conclusión de negar el requerimiento de una técnica de formalización, porque
ciertamente ello contraría el texto de la Ley.
3.1.1. Voto salvado: el objeto de la técnica es
razonar el escrito de formalización
La
sentencia de la SC
comentada tiene con un voto concurrente
–cuyos fundamentos no interesan a los fines del presente estudio, porque
en el mismo se afirma que la opinión de la Sala debió plasmarse en un “obiter dictum vinculante”, toda vez que la parte
solicitante de la revisión constitucional había desistido de su pedimento–, y
un voto salvado, en el cual se manifiesta la disconformidad respecto de “la consideración de la técnica de
formalización del recurso de casación en materia laboral como un formalismo
inútil”.
En
este sentido, la Magistrada
disidente resalta que la naturaleza extraordinaria del recurso de casación
explica que esté “sometido a requisitos
de formalización”, y, “siendo que el
objeto de la técnica casacional es que la formalización contenga las
especificaciones y los razonamientos lógicos necesarios para la comprensión de
las denuncias; (sic) aquella encuadra perfectamente dentro de la expresión ‘escrito
razonado’ al que alude el artículo 171 de
la Ley Orgánica
Asimismo,
la disidente destaca el criterio previo de la SC según el cual las condiciones que debe
satisfacer el escrito de formalización del recurso de casación civil, no
constituyen meros formalismos, por ser imprescindible la exposición razonada de
los motivos en que se fundamenta el recurso[25],
agregando que tal circunstancia no varía con la oralidad del proceso. ¿Cómo ha
de entenderse este razonamiento? El precedente en cuestión versa sobre el orden
de prelación de las denuncias, establecido en el artículo 317 del CPC, que ha
servido de basamento al desarrollo de la técnica casacional; y en el fallo
examinado, la mayoría sentenciadora acudió al argumento a contrario para
diferenciar el recurso de casación civil del laboral, y, vista la norma
contenida en el artículo 171 de la
LOPT , negar la aplicación de la mencionada previsión de la
ley procesal común. Ahora bien, al destacar la Magistrada disidente que
la oralidad del proceso no altera la necesidad de exponer razonadamente los
fundamentos del recurso de casación ni el sometimiento del escrito
correspondiente a determinadas condiciones, quiere indicar la veracidad de tal
afirmación tanto en el proceso escrito como en el oral, resaltando así la
semejanza de la situación. En consecuencia, pretende hacer notar a la mayoría
sentenciadora que debió basar su análisis en el argumento por analogía,
aplicando el artículo 317 del CPC y lo que sostenido al respecto por esa Sala,
en vez de emplear el argumento a contrario, para rechazar la aplicación de dicho
artículo.
Por
otra parte, el voto salvado contiene una falacia, al afirmar que “el objeto de la técnica casacional es que la
formalización contenga las especificaciones y los razonamientos lógicos
necesarios para la comprensión de las denuncias”, por lo cual “encuadra perfectamente dentro de la
expresión ‘escrito razonado’ al que
alude el artículo 171 de la Ley Orgánicala Magistrada disidente
puede esquematizarse señalando como premisas, que (i) los recursos
extraordinarios deben ser formalizados, y (ii) la casación es un recurso
extraordinario; y como conclusión, que la casación requiere de una técnica de
formalización. En ese silogismo categórico, el término medio es el recurso extraordinario; el término
mayor es deben ser formalizados, y el
menor, el recurso de casación; por lo
tanto, la conclusión que lógicamente se deduce, es el recurso de casación debe ser formalizado. Pero, al concluir que la casación requiere de una técnica de
formalización, la disidente estableció una equivocada sinonimia entre la
formalización del recurso y la técnica para hacerlo.
Se
incurre así en el sofisma de atinencia[26]
conocido como ignoratio elenchi[27],
porque se abunda en las explicaciones acerca de la indispensable fundamentación
del recurso de casación, cuando en realidad ello coincide con la opinión de la
mayoría, que reconoce que deben argumentarse las razones de la nulidad del
fallo impugnado. En este sentido, las opiniones opuestas en torno a la
necesidad o no de acatar una técnica determinada para razonar el recurso de
casación, derivan de la falta de precisión sobre la definición de la técnica, término este que la Magistrada disidente
tuvo como equivalente a la fundamentación misma.
Esta
equiparación se reitera –tácitamente– cuando, al final del voto salvado, se
afirma: “(…) cuestionar la
constitucionalidad de la técnica de formalización del recurso de casación, (…)
corresponde ser analizado mediante un recurso de nulidad”, porque ello implica
partir de la premisa de la exigencia legal de dicha técnica, la cual es falsa
porque el requerimiento de fundamentar el recurso no se extiende a reglas
particulares para hacerlo.
En
efecto, en virtud de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el
artículo 171 de la LOPT
impone al recurrente la carga procesal de razonarlo, mediante la exposición de los
argumentos que a su juicio justifican la nulidad del fallo impugnado, lo cual
debe interpretarse sistemáticamente con el artículo 168 de esa misma Ley, relativo
a los motivos del recurso de casación. Por lo tanto, es indispensable que el
escrito de formalización contenga una fundamentación suficiente acerca de los
vicios de la sentencia recurrida, de acuerdo con los motivos legalmente
contemplado; pero ello no permite afirmar, como se hace en el voto salvado, que
para exponer “los razonamientos lógicos
necesarios para la comprensión de las denuncias” sea necesario seguir una
determinada técnica casacional, máxime si se considera que el texto de la Ley señala expresamente que la
formalización, además de hacerse a través de un escrito razonado que no exceda
la extensión allí precisada, no debe cumplir ninguna otra formalidad.
3.1.2. Una vez más: la importancia de las
definiciones en el lenguaje jurídico
Nuevamente, es necesario
precisar qué se entiende por técnica de
formalización, y diferenciarla de la carga procesal del recurrente de
fundamentar el recurso de casación ejercido; en este sentido, si bien le
corresponde identificar y explicar con claridad los vicios que afectan la
validez del fallo, y de lo contrario el escrito de formalización devendrá
ineficaz y quedará perecido el recurso, ello no implica la exigencia de pautas
determinadas para estructurar el escrito razonado ni para delatar cada uno de
los motivos de casación. Entonces, quedará a criterio de la SCS , el determinar si las
denuncias formuladas están suficientemente razonadas, porque si resultan
ininteligibles o tan escuetas que no permitan entender el sentido de la
delación, procederá declarar la perención del recurso.
CONCLUSIÓN
En
el presente trabajo se efectuó el análisis argumentativo de siete sentencias
del TSJ, las cuales incluyen tres votos salvados, de dos Salas distintas,
apreciándose cómo la SCS ha tendido, en la materia abordada, a una
interpretación tendente a obstaculizar el acceso al recurso de casación, ampliando
los requisitos de eficacia de la formalización o entendiéndolos de forma
rigurosa, mientras que la SC ha mostrado una visión más amplia, conforme al
principio pro actione.
Asimismo,
se observa que los argumentos empleados en dichos fallos, para sustentar una
tesis o para refutarla, sea al manifestar una opinión disidente o al anular la
sentencia a través de la revisión constitucional, son el argumento a contrario
y el analógico, además del teleológico y, en menor medida, el psicológico.
El
gran aporte del estudio realizado es evidenciar la importancia de conocer y
dominar la temática de la argumentación, porque ella permite al juez ofrecer
criterios mejor fundamentados, y de este modo, motivar realmente la sentencia.
En este ámbito, es relevante el manejo preciso del lenguaje, a fin de evitar
incurrir en sofismas.
BIBLIOGRAFÍA
ATIENZA, Manuel. Argumentación jurídica. En GARZÓN
VALDÉS, Ernesto y Francisco J. LAPORTA (editores). Enciclopedia Iberoamericana
de Filosofía, Volumen 11: El Derecho y la Justicia. Editorial
GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Lógica del concepto
jurídico. Publicaciones de Diánoia. Fondo de Cultura Económica. México 1959.
JÁÑEZ BARRIO, Tarcisio. Lógica jurídica:
Argumentación e interpretación, 5ª edición. Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas 2008
TARELLO, G.,
L’interpretazione della legge. Giuffrè.
Milano 1988.
RAMIS, Pompeyo. Lógica y crítica del discurso.
Universidad de Los Andes. Consejo de Publicaciones. Mérida 2009.
ZERPA, Levis Ignacio. La argumentación jurídica. En
ZERPA, Levis Ignacio y José M. DELGADO (coordinadores). Curso de capacitación
sobre razonamiento judicial y argumentación jurídica. Tribunal Supremo de
Justicia. Serie Eventos, N° 3. Caracas 2001, pp. 163-278.
NOTAS
*
[1] ATIENZA, Manuel. Argumentación
jurídica. En GARZÓN VALDÉS, Ernesto y Francisco J. LAPORTA (editores).
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, Volumen 11: El Derecho y la Justicia. Editorial
[2] ZERPA, Levis Ignacio. La
argumentación jurídica. En ZERPA, Levis Ignacio y José M. DELGADO
(coordinadores). Curso de capacitación sobre razonamiento judicial y argumentación
jurídica. Tribunal Supremo de Justicia. Serie Eventos, N° 3. Caracas 2001, pp.
163-164.
[3] Entendiendo por la primera, el “[j]uicio cuya veracidad debe demostrarse”,
y por la segunda, “la operación lógica
que busca invalidar una demostración, estableciendo la falsedad o la falta de
fundamentación de la tesis ya demostrada” (JÁÑEZ BARRIO, Tarcisio. Lógica jurídica:
Argumentación e interpretación, 5ª edición. Universidad Católica Andrés Bello,
Caracas 2008, pp. 234, 237).
[4] En virtud de la
Ley Orgánicala Asamblea Nacional
[5] Sentencia N° 1.049 del 4 de
agosto de 2005 (caso: Miguel Ángel
Villalobos Fuenmayor contra Wenco Servicio de Comida Rápida, C.A.).
[6] Alexy, siguiendo a Wróblewski,
denomina justificación interna a la referida “a la validez de una inferencia a partir de premisas dadas”, lo cual
es “una cuestión de lógica deductiva”,
y justificación externa, “la que somete a
prueba el carácter más o menos fundamentado de las premisas” (ATIENZA, op. cit., p. 234).
[7] Los sofismas de contenido o
dialécticos, denominado por Copi como falacias de atinencia, están referidos al
aspecto sustancial de la argumentación “y
consisten en formular conclusiones que no se hallan implícitas en las premisas”
(RAMIS, Pompeyo. Lógica y crítica del discurso. Universidad de Los Andes.
Consejo de Publicaciones. Mérida 2009, p. 211)
[8] “(…) las conclusiones deben derivar de las premisas por causalidad
lógica; lo que supone que la verdad de la conclusión debe hallarse implícita en
las premisas” (RAMIS, op. cit.,
p. 225).
[9] El argumento apagógico (o ab absurdo, o reductio ab absurdum, o hipótesis del legislador razonable), es el
argumento mediante el cual se debe excluir aquella interpretación de un
enunciado normativo que dé lugar a una norma absurda (TARELLO, G., L’interpretazione della legge. Giuffrè. Milano 1988, pp.
341-396, p. 369. Traducción de la autora).
[10] El argumento teleológico (o
hipótesis del legislador provisto de fines) es aquel mediante el cual a un
enunciado normativo debe atribuirse aquel significado que corresponde al fin
propio de la ley de cuyo enunciado está documentado. Quien usa este argumento,
reconstituye los fines de la ley, o del legislador, considerado como una
entidad abstracta (TARELLO, op. cit.,
p. 370. Traducción de la autora).
[11] Entendiendo por definición, la “prescripción sobre el sentido de un nuevo signo o sobre la forma en que
éste debe ser usado” (GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Lógica del concepto jurídico.
Publicaciones de Diánoia. Fondo de Cultura Económica. México 1959, p. 71)
[12] Sentencia N° 4.674 del 14 de
diciembre de 2005 (caso: Miguel Ángel
Villalobos Fuenmayor).
[13] Sentencia N° 1.171 del 11 de
agosto de 2005 (caso: Antonio Eduardo
Brito Mosquera contra Zulia Electrónica, C.A. y otra), sorprendentemente,
bajo la ponencia del Magistrado que salvó su voto en el caso en que la Sala dejó sentado su criterio
acerca del número de folios del escrito.
[14]
El
argumento a simili o analógico es
aquel mediante el cual, existiendo una norma que predica una calificación
normativa cualquiera (por ejemplo un poder, una obligación, un status) de un sujeto o de una clase de
sujetos, se debe concluir que valga (que exista, que sea válida) una norma
diversa que predique aquella misma calificación normativa de otro sujeto o
clase de sujetos, que tenga con el primer sujeto o con la primera clase de
sujetos una semejanza o ‘analogía’ asumida como relevante en orden a la
identidad de disciplina jurídica (al menos en cuanto concierne a la
calificación en cuestión) (TARELLO, op.
cit., p. 351, traducción de la autora).
[15] Sentencia N° 706 del 27 de abril
de 2006 (caso: Luis Adrianza Faría contra
Tucker Energy Services de Venezuela, S.A.).
[16] En decisión
N° 686 del 4 de abril de 2006 (caso: Abrahan
Bendahan Abitbol contra Automotriz Yocoima, C.A.), la SCS se pronunció sobre una
defensa de parte, relativa al incumplimiento del límite máximo permitido para
el escrito recursivo –en el caso concreto se trata de un recurso de control de
la legalidad y no de casación, pero los criterios en cuanto a la extensión del
escrito son igualmente aplicables porque en ambos supuestos se establece el
mismo límite legal–, y al respecto sostuvo: “(…) la Sala Constitucional decidió al resolver el recurso de revisión contra la sentencia que limitó la forma de presentación de los
escritos, que este criterio era un formalismo excesivo, razón por la cual,
de conformidad con el criterio de la Sala Constitucional ,
considera que el escrito cumple con los requisitos objetivos y por ello se
examinará el recurso” (resaltado añadido). En esta
oportunidad, la referida Sala de Casación afirmó aplicar el criterio de la SC sobre “la forma de presentación de los escritos”, aplicando la analogía
–aunque sin señalarlo– para basar su conclusión atinente al número de líneas
del escrito, en una jurisprudencia relativa al número de folios.
[17] Sentencia N° 1.482 del 28 de
julio de 2006 (caso: José Antonio Vargas
López).
[18] Es el argumento mediante el
cual, existiendo una norma que predica una calificación normativa cualquiera
(por ejemplo un poder, una obligación, un status)
de un sujeto o de una clase de sujetos, a falta de otra norma expresa se debe
excluir que valga (que exista, que sea válida) una norma diversa que predique
aquella misma calificación normativa para cualquier otro sujeto o clase de
sujetos (TARELLO, op. cit., p. 346.
Traducción de la autora).
[19] Sentencia N° 1.418 del 10 de
julio de 2007 (caso: Teonelson
Wohnsiedler Rivera).
[20] Por ejemplo, en las siguientes
afirmaciones: “(…) sin la debida y
proporcional limitación, los recurrentes pueden desvirtuar la intención del
legislador (…)”, “(…) no pareciera
evidenciarse [de la limitación de las líneas] un menoscabo al principio de
proporcionalidad”, o “(…) el criterio
expuesto [por la SCS ]
se contextualiza con una formalidad esencial para el mantenimiento del
principio de racionalidad que debe observarse al momento de la formalización
(…)”.
[21] Sentencia N° 1.163 del 18 de
noviembre de 2010 (caso: Organización
Italcambio C.A. y otra).
[22] Es el argumento mediante el cual
a algún enunciado normativo debe atribuírsele el significado que corresponde a
la voluntad del emitente o autor del enunciado, es decir, del legislador en
concreto, del legislador histórico (TARELLO, op. cit., p. 364. Traducción de la autora).
[23] Sentencia N° 1.803 del 24 de
agosto de 2004 (caso: Carlos Brender).
[24] De acuerdo con
lo establecido en el artículo 4 del Código Civil, debe acudirse a la analogía
cuando no exista una norma jurídica que regule un caso determinado, con lo cual
se colma la laguna legal existente, a través de la creación de una nueva norma,
basada en aquella que regula un caso semejante. Por lo tanto, cuando el
legislador faculta al juez para aplicar “por analogía” normas procesales
previstas en otros instrumentos jurídicos, cuando la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo no contenga una disposición expresa, en realidad hace referencia a
la aplicación supletoria de la ley general, en cuanto no contradiga las normas
especiales.
[25] Sentencia N° 1.803/2004,
referida en la nota N° 15.
[26] Ver nota N° 9.
[27] “Es el sofisma de la ignorancia de la cuestión o asunto del que se está
hablando o discutiendo; y lo cometen aquellos que, por ignorancia o mala fe, se
desvían del tema que es objeto de discusión, tratando de probar o impugnar lo
que no es necesario ni viene a cuento. Advierte Aristóteles que este vicio nace
de la falta de precisiones y definiciones previas sobre lo que se va a probar o
refutar. Ello hace que los ponentes o litigantes (…) se empeñen en probar lo
mismo que ya todos admiten o refutar lo que todos rechazan” (RAMIS, op. cit., pp. 212-213).
[28] Sentencia N° 519 del 29 de mayo
de 2012 (caso: Orlando José Ereú García
contra Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela).
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