Guerras nuevas

Emilio Spósito Contreras

GUERRAS NUEVAS
Y CONCIENCIA DE PAZ EN VENEZUELA

1. Las guerras nuevas

Aquileo: –¡Zeus padre! Grandes son los infortunios que mandas a los hombres. Jamás el Atrida me hubiera suscitado el enojo en el pecho, ni hubiese tenido poder para arrebatarme la joven contra mi voluntad; pero sin duda quería Zeus que muriesen muchos aqueos…

HOMERO, Ilíada, XIX, 25.

Vicenç Fisas, en su importante trabajo Procesos de paz y negociación en conflictos armados, nos recuerda que las guerras ya no son las de antes. Son del pasado aquellas idealizadas luchas entre pueblos o Estados, representados por ejércitos que se enfrentaban en el campo de batalla, observando las reglas del honor y dejando al margen del conflicto a la población civil.

Sobre la guerra histórica, vale recordar, por una parte, a Ernst Jünger (1895-1998) y su célebre obra Tempestades de acero (1920) y, por la otra, a Johan Huizinga (1872-1945) y su artículo Significado político de las ideas caballerescas en el período final de la Edad Media (1921), excelentes expositores de la guerra “a fuego y sangre”, pero convencional.

La cuestión es que, con el advenimiento de la posmodernidad, hoy el Estado puede no ser uno de los actores de la guerra –de hecho puede no existir en el sentido moderno de la expresión Estado–, es decir, la lucha armada dejó de ser internacional, para referirse a las pugnas entre actores infra o supraestatales, como comunidades étnicas o religiosas, por el control de recursos escasos, et cetera.

La población civil –“los ancianos, las mujeres y los niños”–, ya no son víctimas colaterales, “falsos positivos” del conflicto, sino que su destrucción ahora es esencial. Los actores de las nuevas guerras tienen como objetivo deliberado de su actuación masacrar a la población.

Ahora se puede carecer de “ejército” y sólo contar con algunos lobos solitarios, incomunicados y hasta desconocidos del nivel de mando. Pero además, las armas han dejado de ser las de siempre. Por ejemplo, como lo indica Fisas, en el conflicto de Ruanda se alcanzó más de medio millón de fallecidos y la mayoría murió por “arma blanca”, sin que ello tenga ninguna connotación noble o positiva, en el sentido dado por Richard Cohen al arte de Blandir la espada.

Las armas no convencionales tienen su máxima expresión en el uso de aviones comerciales para atacar torres de oficinas particulares en Nueva York, durante el 11 de septiembre de 2001. En esta materia, todo parece valer como arma: el control de los combustibles (gas, gasolina, carbón), la distribución y venta de alimentos o medicinas, la expedición de pasaportes, las decisiones judiciales, entre muchas otras.

Para Fisas, por conflicto armado se entiende:

“…todo enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como fuerzas militares regulares o irregulares, grupos armados de oposición, grupos paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, con armas u otros medios de destrucción, y organizados, provocan más de cien victimas en un año a través de actos intencionados, sea cual sea su justificación. La cifra de cien muertes es, por supuesto, un indicador que debe relativizarse en función de otros elementos, como la población total del país y el alcance geográfico del conflicto armado, así como el nivel de destrucción generado y los desplazamientos forzados de población que conlleva” (FISAS, V, Procesos de paz y negociación en conflictos armados, p. 14).

Pero si resulta muy amplia la definición, el autor introduce la noción de “situaciones de tensión” o “conflictos no resueltos”, a fin de indicar aquella situación propicia para que, ante un detonante, estalle un conflicto armado.

En tal sentido, las “situaciones de tensión” son descritas como:

…contextos en los que se producen graves situaciones de tensión y polarización social o política, con enfrentamientos entre grupos políticos, étnicos o religiosos, o entre éstos y el Estado, con alteración del funcionamiento ordinario de las instituciones del Estado (golpes de Estado, toques de queda y estados de excepción o emergencia) y con índices significativos de destrucción, miedo, muertos o desplazamientos forzados de población (FISAS, p. 15).

Vicenç Fisas ha sido un estudioso comprometido con la solución del conflicto colombiano, una de las guerras más persistentes del mundo: se considera 1964 como su año de inicio, es decir, hace más de 50 años. Los acuerdos de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP (“Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo”), así como el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos (2016), para júbilo de la humanidad entera, vislumbran una pronta solución a tantas penurias y desolación.

Este prolegómeno sobre las nuevas guerras, debe causar alarma a cualquier lector familiarizado con la situación de Venezuela, sobre todo de aquellos que han vivido en una ilusión de paz, pensando que la última guerra fue la Federal, entre 1859-1863, o que la postrera batalla campal escenificada en el país fue la de Ciudad Bolívar, en 1903.

Muchos venezolanos a lo largo de los últimos años, han vivido en la holgura y el sosiego productos de la renta petrolera, desdeñando las armas, la milicia y la violencia que se incuba en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, a pesar que         –como en su momento lo advirtiera el psiquiatra Francisco Herrera Luque, en su tesis Viajeros de Indias (1977)– tenemos una propensión patológica hacia la violencia.

2. Vientos de guerra en Venezuela

Las particularidades de las nuevas guerras evidenciadas por Fisas, inquietantemente parecen cumplirse a cabalidad en Venezuela:

No hacen falta potencias extranjeras beligerantes para sentirnos amenazados. El 27 de febrero de 1989 y, sobre todo, el 4 de febrero de 1992, constituyeron escenas propias de una guerra en toda regla.

Más aún, el Estado y sus órganos han sido sistemáticos en apuntalar situaciones alusivas a conflicto armado: “golpe de Estado”, “revolución”, “paro golpista”, “comandante”, “patria socialista o muerte”, “magnicidio”, “la espada de Bolívar”, “guerra económica”, “invasión imperialista”, “estado mayor”, milicias, máscaras de calaveras, et cetera.

Por su parte, la cifra mínima de 100 muertes anuales producto de la violencia, aun sin datos oficiales, parecen superarse con creces un fin de semana cualquiera. Las víctimas son todas las familias, los ciudadanos, sin distinción por motivos de raza, credo, militancia política, condición económica o social.

Según Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, durante 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en Venezuela (cfr. https://www.aporrea.org/ddhh/n306387.html).

Los victimarios son las bandas de delincuentes que operan desde las cárceles, según los más calificados investigadores (verbi gratia, el Observatorio Venezolano de Violencia, dirigido por Roberto Briceño León), amparados a la sombra de la corrupción y la impunidad sistemática; los colectivos armados, el narcotráfico y hasta, excepcionalmente, los cuerpos de seguridad del Estado.

Sobre las armas, Leonardo Da Vinci demostró que la imaginación es el límite. En Venezuela, se ha advertido sobre el uso de la televisión, la instrucción pública, el miedo, el hambre y la inseguridad patrimonial, personal y jurídica, como instrumentos de coerción. Sobre esta última, pocos dudan que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se haya convertido en la gran bombarda del gobierno.

A través de las sentencias de los tribunales, se han confiscado bienes, encarcelado enemigos políticos y desmontado la institucionalidad (suspendido y desconocido elecciones, atribuido competencias ajenas o extraordinarias, tergiversado derechos e instituciones tales como la libertad individual, la propiedad, la responsabilidad contractual, las costumbres de las comunidades indígenas, la familia, el matrimonio, la infancia, et cetera), todo, en función de mantener el poder como sea.

Esta guerra, más que comandantes y soldados, cuenta con jueces y abogados.

Por último, hasta tenemos procesos de diálogo para la paz, con mediadores internacionales tan importantes como un nuncio de S. S. el papa Francisco. La poca acogida de éste, nos habla peligrosamente del deseo de guerra de unos y el desdén por la abierta conflagración de otros.

3. Los costos de la guerra

Admitida su disculpa, ordénales dar rehenes, señalándoles plazo para la entrega; donde no, protesta que les hará la guerra a fuego y sangre…

CAYO JULIO CÉSAR, Comentarios de las guerras de las Galias. V, 1.

Mediante sentencia número 155 del 28 de marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció límites a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional y extendió las facultades del Presidente de la República para legislar en materia penal militar, a fin de perseguir a diputados supuestamente incursos en traición a la patria.

Al día siguiente, mediante sentencia número 156, la Sala Constitucional asumió las competencias de la Asamblea Nacional. En otras palabras, la suspensión del Poder Legislativo nacional representado por la Asamblea Nacional.

Curioso que ante una supuesta falta de la Asamblea Nacional, le sustituya el Tribunal Supremo de Justicia. Lógico habría sido argumentar que, ante la eventual ausencia del Poder Legislativo nacional, éste fuera sustituido por los Consejos Legislativos estadales o los Concejos municipales los cuales, al menos, son de la misma naturaleza legislativa y de elección popular. Algo así se hizo con éxito en 1810.

Los graves hechos descritos ameritarían más comentarios jurídicos pero, por una parte, resultaría demasiado arduo, pues implicaría subrayar todo el Derecho desde los romanos hasta la Constitución venezolana de 1999 y, por la otra, resultaría evidentemente inútil, pues no parece ser la hora del Derecho.

Resulta más interesante y productivo comentar dos situaciones relacionadas con los referidos acontecimientos:

En primer lugar, debe señalarse que los hechos descritos son la culminación de la reacción del gobierno nacional a las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015, en las cuales resultaron mayoritariamente electos representantes opositores al gobierno, y sus intentos de revocar el mandato del Presidente de la República, así como la designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia realizadas in extremis por la legislatura saliente.

En este caso, por “gobierno” debe entenderse, además del Poder Ejecutivo y el Judicial –alineado con el Ejecutivo–, los Poderes Electoral –en el cual al menos tres de sus cinco integrantes fueron designados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sustitución de la Asamblea Nacional– y Ciudadano, cuyos miembros fueron designados paralelamente a los actuales Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Debe sumarse al gobierno, la Fuerza Armada Nacional, explícitamente política y con amplia presencia en la vida civil.

Es difícil especular si el gobierno pudo responder de manera distinta. Lo cierto es que la medida es coherente con su discurso desde 1998.

Ello trae como resultado la eliminación de la Asamblea Nacional, principal foro político contrario al gobierno, sus personalidades, partidos políticos y sectores de la población –actualmente mayoritario– identificados como de oposición. Es de resaltar que en la particular situación de crisis generalizada, la oposición se asocia a bienestar económico, orden y democracia, más que por mérito propio, por efecto de la imagen negativa que proyecta el propio gobierno.

En segundo lugar, no es difícil prever la respuesta que tendrá que adoptar la oposición, y tarde o temprano el país en general, contra el accionar del gobierno. Con los hechos descritos, se ven afectados no sólo los miembros de la Asamblea Nacional, sino amplios sectores del país que, cada vez más, ven amenazada su forma de vida, relaciones y aspiraciones.

Probablemente, la reacción opositora tendría que dirigirse a visibilizar esos efectos generales, con miras a restablecer la Constitución y ser una opción frente al actual régimen. Tarea nada fácil, pero no por difícil eludible.

Así como en 1812, la dolorosa guerra a muerte de Domingo Monteverde empezó a aglutinar el país en torno a la causa patriota. Medidas tan graves como las tomadas el 29 de marzo de 2017 por el gobierno y las que seguramente vendrán a continuación, tendrán importantes consecuencias. La actuación del gobierno luce muy costosa, e imaginamos que, en definitiva, el precio a pagar es el indicado por la circunstancia.

4. La Historia, el Derecho y la guerra

Alessandro Baricco, en su versión de la Ilíada, específicamente en el texto Otra belleza: Apostilla sobre la guerra, recuerda la centralidad del texto de Homero para la cultura griega –y occidental–, e igualmente, que ésta constituye un monumento a la guerra.

No obstante, Baricco también resalta la conciencia de paz de sus personajes, comenzando por Aquiles, su protagonista; el llamado a la paz de las voces femeninas de la historia (la madre de Héctor, Andrómaca, Helena); la compasión de los griegos por sus enemigos, los troyanos, a quienes dan voz y reconocimiento en el relato patrio; y finalmente, los interminables diálogos, asambleas y discusiones sobre la guerra, pero que terminan por “congelarla”.

Por su parte los romanos, guerreros por excelencia, derivaron de sus instituciones militares instrumentos eficaces para la paz: por una parte los comicios, las magistraturas, el censo, la censura, el tribunado, el imperio; por otra, el ius post liminii, el peculio castrense, la emancipación, la servidumbre, el pretor peregrino.

Pero sobre todo, de la actividad bélica de los romanos surgió el ius gentium, el Derecho de gentes, base del Derecho internacional –aunque mucho más amplio– y los actuales derechos humanos, precisamente los derechos que permanecen a pesar de los tiranos y sus decisiones.

5. Epílogo: La reina de las reglas

…decir que el hombre es libre cuando obedece no a los hombres sino a las leyes carece de significado cuando los hombres que gobiernan pueden calificar de leyes a sus propios actos de voluntad.

BERTRAND DE JOUVENEL, Sobre el poder:

Historia natural de su crecimiento, p. 210.

Stephen P. Robbins, en su obra Comportamiento organizacional: Conceptos, controversias y aplicaciones (p. 634), recuerda el caso de la empleada de seguridad de IBM, que tenía instrucciones precisas de impedir el paso a cualquiera que no estuviera identificado como autorizado para ingresar al sector que celosamente custodiaba.

Un día, el poderoso Thomas Watson Jr., Presidente de IBM, acompañado del gran número de personas que solían seguirle, se dirigió a la puerta que vigilaba la humilde empleada, sin llevar la identificación color verde que habilitaba para trasponer su puerta.

La empleada le prohibió el paso indicando:

–Usted no puede entrar, la entrada está prohibida.

Del grupo de espantados acompañantes surgieron reproches:

–¿Sabe usted a quién se dirige?

–¡La despedirán!

Se cuenta que la empleada había reconocido a su jefe y, aún así, tuvo el coraje de replicar:

–No importa quién sea usted, debe obedecer las reglas…

Thomas Watson Jr. impuso silencio a sus seguidores y le dio la razón a su empleada, sentenciando:

–En IBM, no importa quién sea usted, debe obedecer las reglas.

Esta especie de “mito de origen”, desde la más alta dirección de la organización, fijó una regla fundamental para ser transmitida a los empleados y cumplida por todos. Las bondades de una regla como esa, son fáciles de intuir.

Resaltando lo dicho a partir del contraste, cabría preguntarnos: ¿Qué habría pasado con IBM y sus trabajadores, si su alta dirección no daba el ejemplo y se castigaba injustamente a la empleada por ser garante del cumplimiento de las reglas?

En el mes de marzo, trascendió la noticia de que la Fiscal General de la República, pidió la destitución y privación de libertad de un funcionario policial de “Polilara” que detuvo su caravana y supuestamente la habría ofendido (cfr. https://www.aporrea.org/actualidad/a242734.html). El acontecimiento se parece mucho al protagonizado por Thomas Watson Jr. y la vigilante de IBM, salvo en el final que, cierto o falso, debió usarse para construir la imagen del Ministerio Público –garante del Derecho– y sus trabajadores.

No obstante, la misma Fiscal General de la República, en defensa de la Constitución, indicó que en las decisiones de la Sala Constitucional referidas supra, “…se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional” (cfr. https://www.aporrea.org/actualidad/n306372.html).

Muchas veces se desestiman las normas, la honestidad, la honorabilidad o la justicia, asumiendo la fatalidad del mal. No obstante, estos momentos son propicios para el desarrollo de la conciencia: llegó la hora de asumir valientemente nuestros errores individuales y colectivos, y por más lento y penoso que ello sea, ascender moralmente y alcanzar la paz.

Fuentes

CAYO JULIO CÉSAR, Comentarios de las guerras de las Galias. Traducción de José Goya y Muniain. Aguilar-Monte Ávila Editores Latinoamericana. Madrid 1989.

HOMERO, Ilíada. Traducción de Luis Segalá y Estalella. Introducción de Javier de Hoz. Autral. Colección Poesía, número 337. 41ª edición. Madrid 2007.

Bibliografía

BARICCO, Alessandro, Otra belleza: Apostilla sobre la guerra. En http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/76/MauricioLopezNoriegaAlessandroBaricco.pdf, consultado el 30 de marzo de 2017.

COHEN, Richard, Blandir la espada: Historia de los gladiadores, mosqueteros, samurái, espadachines y campeones olímpicos. Traducción de Patricia Antón. Destino. Barcelona 2004.

FISAS, Vicenç, Procesos de paz y negociación en conflictos armados. Paidós. Barcelona 2004.

HERRERA LUQUE, Francisco, Los viajeros de Indias: Ensayo de interpretación de la sociología venezolana. Monte Ávila Editores. Caracas 1979.

HUIZINGA, Johan, Hombres e ideas: Ensayo de la historia de la cultura. Traducción Aníbal Leal. Compañía General Fabril Editora. Colección de Filosofía. Buenos Aires 1960.

JOUVENEL, Bertrand de, Sobre el poder: Historia natural de su crecimiento Unión Editorial, S.A. Madrid 2008.

JÜNGER, Ernst, Tempestades de acero - El bosquecillo 125 - El estallido de la Guerra de 1914. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Tusquets. 3ª edición. Barcelona 1998.

ROBBINS, Stephen P., Comportamiento organizacional: Conceptos, controversias y aplicaciones. Traducción de Pilar Mascaró Sacristán. Prentice Hall. 6ª edición. México 1994.

China en el comercio internacional

Natalia Boza Scotto

LA CONSOLIDACIÓN DE CHINA COMO ACTOR

EN EL COMERCIO INTERNACIONAL:

DOS GRANDES VENTAJAS COMPETITIVAS

Introducción:

En el escenario internacional se realizan múltiples intercambios de bienes y servicios entre países exportadores e importadores [1]. En este contexto destaca, por sus dimensiones, la actuación de China.

Una vez concretado su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) [2] a inicios del siglo XXI, queda obligada a apegarse a la normativa reguladora del mercado que se establece entre países.

En el presente estudio se pretende examinar el impacto producido por su incorporación en la OMC, particularmente en el intercambio de productos tecnológicos, por cuanto constituye un competidor con importantes ventajas frente a los demás exportadores. En este sentido, el análisis se centra en el rol del gigante asiático como exportador de productos tecnológicos, aunque también actúa como importador, verbigracia, de materias primas.

Con tal propósito, se reseña cómo y por qué un país latinoamericano retrasó el ingreso de China a la referida organización internacional. Igualmente, se exponen dos fortalezas que la hacen especialmente competitiva a nivel mundial, así como sus implicaciones para otros exportadores y para los importadores.

Desarrollo:

1. A comienzos del siglo XXI ocurre un evento con implicaciones en el comercio internacional. China ingresa en la OMC en el mes de diciembre de 2001 [3], cuando logra la última aprobación requerida a tal efecto. De todos los países miembros, sólo México faltaba por manifestar su acuerdo. “La principal razón [que tuvo] para oponerse era la situación competitiva de la economía y las características del sistema económico chino, que hacen difícil valuar precios y costos relativos y, por lo tanto, saber realmente a qué tipo y grado de competencia se enfrenta” (De la Calle, 2002, 152-153).

El formar parte de la mencionada organización internacional permite al país asiático ampliarse en el mercado mundial, con lo cual consolida la posición que ya había alcanzado, después de su apertura hacia el exterior. Al respecto, se sostiene: “(…) el ingreso de Beijing a la OMC no ha hecho más que acrecentar el papel de China como la fábrica de bajo costo más importante del mundo” (Quinlan, 2002, 169).

2. China produce para la exportación una amplia gama de mercancías e incluso servicios, destacándose en el ámbito de la tecnología. En el marco de una economía centralizada, el Estado planificador decidió fortalecer el área industrial y tecnológica.

La “estrategia de innovación (…) empezó en los años cincuenta con el apoyo de tecnologías consideradas críticas para la defensa nacional, y (…) en la mitad de los ochenta se reorientó hacia diversos sectores civiles de alta tecnología. (…) actualmente el gasto en investigación y desarrollo (ID) excede el 1% del PIB” (Lora, 2005, 7) [4]. El 120 Plan Quinquenal del país, aprobado en el mes de marzo de 2011 por la Asamblea Popular Nacional de China, todavía contempla entre sus propósitos la mejora de la industria. De tal previsión se desprende la importancia concedida por el gobierno a esta área, para el crecimiento futuro (Myers y Yang, 2012, 2) [5].

El aludido Plan Quinquenal de China “establece un modelo de cambio estructural que contempla el retiro del apoyo de China a la manufactura de bajo valor agregado orientada a la exportación (…). Aunque la innovación sigue siendo un reto, (…) considera la reforma industrial y [el] enfocarse en la producción de valor agregado de alta tecnología como claves para el crecimiento económico y la reestructuración” (Myers y Yang, 2012, 6). El plan prevé la reestructuración de distintas áreas industriales, como fabricación de equipos, construcción naval, automóviles e información electrónica; así como nuevas áreas estratégicas, como tecnología de la información; fabricación de equipos de alta tecnología, como aviones y helicópteros, satélites, sistemas de transporte de alta tecnología, etc.; y automóviles con uso eficiente de energía (Myers y Yang, 2012, 7).

3. La presencia de China en el mercado internacional, ahora con apego a la normativa y exigencias de la OMC, implica el reforzamiento de un importante exportador en productos de alta tecnología; pero, ¿su situación es equiparable a la de otros competidores? China tiene características peculiares, entre las cuales destaca su gigantesca población. Ello, aunado a la ausencia de una estricta legislación protectora de los derechos laborales, le permite contar con menores costos en el trabajo como factor de producción. En efecto, “la abundancia de mano de obra barata es la ventaja más evidente de China para atraer inversión extranjera y exportar manufacturas” (Lora, 2005, 5).

Con respecto a la tasa de participación en el mercado de trabajo, se enfatiza que es una de las más altas del mundo al alcanzar el 83% de una población en edad de trabajar, de 894 millones de personas, para el año 2001, aunado a “la reasignación de la fuerza de trabajo hacia sectores de mayor eficiencia” (Lora, 2005, 5). Asimismo, se refiere la inexistencia de una normativa laboral rigurosa [6] y el aumento del salario promedio, desde 1990, a una tasa similar a la del crecimiento económico [7].

4. Considerando que el trabajo es uno de los factores de producción, y visto que China dispone de mano de obra abundante y barata, puede concluirse que puede fabricar su mercancía –entre ésta, los productos tecnológicos– a un costo menor que otros exportadores, lo cual le permite ofrecerla en el mercado internacional a precios inferiores, más competitivos.

En virtud de tal circunstancia, se afirma que el gigante asiático “combina ahora dos elementos cruciales: bajos costos laborales e incursiones significativas en sectores de alta tecnología, diseño y productividad” (De la Calle, 2002, 154). Ciertamente, se percibe como una amenaza para otros países fabricantes de esta categoría de productos, como se trasluce en asertos como el siguiente: “a raíz de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (…) se teme que la competencia de productos chinos resulte devastadora para las maquilas de confecciones y para las industrias de equipos electrónicos y muchos otros productos industriales de miles de empresas en toda la América Latina” (Lora, 2005, 2).

Conclusiones

La posición de China en el escenario internacional se consolida a inicios del presente siglo XXI, cuando concreta su ingreso a la OMC y queda comprometida a cumplir con las reglas por ella establecidas y participar con transparencia en el mercado mundial.

En cuanto a su rol de exportador, resaltan sus productos en el área tecnológica, resultado de la planificación estatal en el marco de una economía centralizada. Así, se propuso fabricar mercaderías con gran valor agregado, fortaleciendo especialmente la alta tecnología.

Al elemento anterior, se suma como ventaja competitiva del gigante asiático la posibilidad de ofrecer sus productos a bajos precios como consecuencia de sus menores costos de producción, derivados básicamente del factor trabajo, abundante por su numerosa población y menos oneroso que en otros parajes por las condiciones salariales.

Sobre este último aspecto, es preciso acotar que China forma parte de la Organización Internacional del Trabajo, que promueve para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el trabajo decente, cuyos cuatro pilares son la creación de empleo, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo social [8]. En el Decent Work Country Programme 2016-2020, se declara: “The creation of employment and improving the quality of employment are central to China’s development aspirations” [9] y se identifican como prioridades nacionales, el incremento de la cantidad y calidad del empleo, la promoción y ampliación de la protección social dentro y fuera del lugar de trabajo, así como el fortalecimiento del imperio de la ley y la realización de los principios fundamentales y derechos en el trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Chang, A. y R.J.S. Ross (2002). “De Norte-Sur a Sur-Sur: El verdadero rostro de la competencia global”. En Foreign Affairs en español, Volumen 2, N° 3, Itam, México, pág. 184-190.

De la Calle, L. (2002). “China en la OMC: Espejo para México”. En Foreign Affairs en español, Volumen 2, N° 3, Itam, México, pág. 152-161.

Drauz, R. (2013). “In search of a Chinese internationalization theory: A study of 12 automobile manufacturers”. En Chinese Management Studies, tomo 7, N° 2, Emerald Group Publishing, Limited, Hong Kong, pág. 281-309.

Lora, E. (2005). ¿Debe América Latina temerle a China? Banco Interamericano de Desarrollo, Washington.

Montenegro, C.E., M. Pereira e I. Soloaga (2011). “El efecto de China en el comercio internacional de América Latina”. En Estudios de Economía, tomo 38, N° 2, Santiago de Chile, pág. 341-368.

Myers, M. y Z. Yang (2012). “¿Qué significará el 12° de China para las relaciones sino-latinoamericanas?”. Universidad del Pacífico, Centro de Investigación, Lima.

Organización Internacional del Trabajo. China: Decent Work Country Programme 2016-2020. Desarrollado por la Oficina de la OIT para China y Mongolia. En http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

Quinlan, J.P. (2002). “Lazos que atan”. En Foreign Affairs en español, Volumen 2, N° 3, Itam, México, pág. 162-171.

NOTAS

[1] En este trabajo se refieren los países como sujetos exportadores o importadores, aunque con frecuencia son empresas –públicas o privadas– las que efectúan dichas actividades.

[2] Es “la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. (…) El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus actividades”. Se establece el 1° de enero de 1995 en Ginebra, Suiza, y actualmente cuenta con 164 países miembros (https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.

htm). En la página web de la OMC se encuentra el Protocolo de adhesión de China.

[3] “China inició la negociación (…) varios años antes de que ésta existiera como tal, cuando funcionaba como el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio” (De la Calle, 2002, 157).

[4] “(…) [desde el gobierno chino] han motivado a los centros de investigación públicos a comercializar sus productos de investigación. La innovación es, además, apoyada por políticas que favorecen a los sectores de software y circuitos integrados por medio de fondos de investigación, compras públicas preferenciales y exenciones de impuestos. Este tipo de políticas se aplica tanto en las empresas nacionales como en las extranjeras (…). Los incentivos a la investigación parecen haber producido resultados con creces, pues 60% de los gastos en ID [investigación y desarrollo] son hechos por empresas privadas.

Recientemente la innovación ha sido muy motivada por la creación de estándares de tecnología chinos     –en oposición a los estándares de tecnología globales– lo cual brinda una ventaja competitiva a las empresas chinas, dado que esto representa un obstáculo a la libre entrada de empresas extranjeras en el mercado interno y brinda a las chinas un poder de negociación con los proveedores extranjeros sobre la propiedad intelectual y de tecnología. Esta estrategia ha facilitado el desarrollo de nuevas tecnologías digitales por parte de empresas chinas y taiwanesas” (Lora, 2005, 9-10).

[5] Los objetivos de estos planes permiten identificar “los problemas sociales y económicos que el gobierno chino considera más relevantes para el crecimiento y el desarrollo futuros” (Myers y Yang, 2012, 2).

[6] “En China no existe un código legal semejante [al de los regímenes de América Latina, con un carácter extremadamente protector], porque en el sistema tradicional del ‘tazón de hierro’, las empresas estatales eran responsables de las obligaciones de protección laboral y seguridad social que autónomamente otorgaban a sus trabajadores como mecanismo para mantener la disciplina a cambio de la estabilidad laboral de por vida (beneficios que, por lo demás, eran muy generosos, y permanecen como un problema sin resolver en muchas empresas). Este antiguo sistema ha derivado sin embargo en exigencias de remuneración, beneficios extrasalariales y condiciones de contratación y despido que varían de región a región y que son en parte negociables entre las empresas privadas y las autoridades locales y/o los sindicatos. Por consiguiente, si bien la legislación laboral vigente para la empresa privada es menos proteccionista de las condiciones de empleo y la estabilidad laboral que lo característico en la América Latina, es también mucho menos predecible” (Lora, 2005, 6).

[7] “(…) En 1990 el salario promedio en China era 36 dólares mensuales, lo que implica que desde entonces ha ocurrido un aumento de 9.9% anual, que no difiere mucho de la tasa de crecimiento económico del mismo periodo (9.7%) o del ritmo de aumento de la productividad de los trabajadores en toda la economía (8.5%)” (Lora, 2005, 5).

“En China, el establecimiento de un salario mínimo está descentralizado en extremo. Cualquier ciudad, e incluso un municipio dentro de una ciudad, puede establecer su propio salario mínimo según una fórmula proporcionada por Beijing. Esta fórmula toma en cuenta factores como el costo de la vida en la localidad, el nivel de salario prevaleciente y el índice de la inflación, y se ajusta cada año. En 2001, por ejemplo, la ciudad de Shenzhen (al norte de Hong Kong) tenía dos normas. El interior de la ciudad, el sector comercializado, tenía el salario mínimo más alto de China, equivalente a 72 dólares por mes. Pero el salario en el sector industrial periférico era de sólo 55 dólares por mes” (Chang y Ross, 2002, 187).

[8] En http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm, consultado el 29 de marzo de 2017.

[9] Organización Internacional del Trabajo. China: Decent Work Country Programme 2016-2020. Desarrollado por la Oficina de la OIT para China y Mongolia. En http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm, consultado el 29 de marzo de 2017.

Industria automovilística venezolana

Emilio Spósito Contreras

CHERY EN VENEZUELA

La contracción de la industria automovilística venezolana y la intervención del Estado en la economía (2010-2016)

I

En países petroleros como Venezuela, con bajos precios de la gasolina, la industria automovilística suele tener un peso importante en la economía [1]. No obstante, en los últimos años la Cámara Automotriz Venezolana (Cavenez) reportó [2] una contracción de la producción.

Aunque en estos momentos de crisis, análisis como éste podrían estar haciéndose en muchos otros sectores productivos, el sector automotriz resulta relevante no sólo por su impacto económico, sino también por su tradición: Venezuela es un país que a lo largo del siglo XX se integró a partir del desarrolló de un importante sistema de carreteras y autopistas (Capriles Ayala 1985: 149-188).

II

Una reducción de la oferta puede deberse a varios factores, a saber:

Podría tratarse de un ajuste de la producción debida a la “Ley de la oferta y la demanda”, en el sentido que “…una disminución del precio del mercado tiende a provocar una disminución de la cantidad ofrecida” (Case y Fair 1996: 87).

No obstante, de la revisión de los principales portales de ventas de vehículos usados en Venezuela, podemos evidenciar alta demanda de vehículos y altos precios [3]. Ello podría explicarse, porque en una economía inflacionaria, el consumidor “…siempre preferirá una renta que tenga un valor actual mayor a una que tenga uno menor” en el futuro (Varian 2010: 195).

También podría deberse a “…variaciones en los precios de los bienes relacionados” (Case y Fair 1996: 101), tales como los bienes sustitutivos o complementarios.

Sin embargo, el transporte público, dada la calidad del servicio, no resulta totalmente sustitutivo. Tampoco parecen influir bienes complementarios típicos como la gasolina (Pindyck y Rubinfeld 2009: 27), debido a que Venezuela su costo es mucho más bajo que el internacional [4].

Finalmente, podría tratarse de un aumento de los costos de producción, que incluyen los “precios de los insumos y las tecnologías” (Case y Fair 1996: 101).

Al respecto, es evidente que tanto la tecnología, como muchos de los insumos de la industria automotriz son importados, por lo cual los fabricantes necesitan divisas para realizar las transacciones necesarias para la fabricación o ensamblaje de los vehículos en el país.

III

Desde febrero de 2003, existe un estricto control de cambio en Venezuela, el cual ha consistido en el establecimiento de uno o más precios fijos del dólar, la administración de la asignación de los dólares por parte del Estado y la pretensión de erradicación del consiguiente mercado negro de divisas (Palma 2008: 57).

Si bien ha ocurrido una baja de los precios del petróleo y por ende una restricción de asignación de divisas en 2016, la reducción de la oferta de vehículos nuevos dibujó una pendiente negativa a partir de 2013 (véase gráfico inicial: “Oferta de vehículos en el tiempo”).

Además de influenciar el sector a través del control de cambio, el Estado ha favorecido la entrada al mercado de nuevos competidores. Quizás el caso más importante es el de la marca china Chery.

Aunque Chery empezó a ensamblar vehículos en Venezuela a partir de 2011 (Anónimo 2011), fue precisamente a partir de 2013 que se constituyó como una empresa mixta [5], en la cual el Estado posee el 51% de las acciones y la Corporación Automotriz Z.G.T el otro 49% restante (Deniz 2016).

Aunque no existen datos ciertos sobre la producción de vehículos Chery durante el período, es posible evidenciar su crecimiento en las ofertas de venta en el mercado de automóviles usados [6].

La empresa Chery cuenta con importantes ventajas frente a sus competidores, tales como participar del programa social Venezuela Productiva Automotriz [7], así como la asignación preferente de divisas para la importación de partes y material de ensamblaje (Deniz 2016).

Se tienen noticias de que Corporación Automotriz Z.G.T, recientemente adquirió las plantas ensambladoras de Mitsubishi en Venezuela (Deniz 2016).

IV

Ya en 2008, un reportaje de Vanesa Pérez Díaz sobre la percepción de los efectos de la política económica en el sector automotriz, revelaba que “Cierto escepticismo ronda en torno al tema del ensamblaje de motores en el mercado venezolano…” (Alfonso y otros 2008: 49).

Hoy, para evaluar una política económica, deben considerarse los siguientes resultados en el tiempo: “eficiencia, equidad, crecimiento y estabilidad” (Case y Fair 1996:15-16).

Respecto de la eficiencia u “optimización de acuerdo con Pareto”, el problema no es tanto que las políticas económicas empeoren la situación de alguno de los actores (Eaton y Eaton 1996: 23-24), sino, como en el presente caso, que empeore la situación de la totalidad de los actores económicos, menos uno. La “frontera de posibilidades de producción” en nuestro caso, es tremendamente ineficiente, por cuanto hoy se utilizan los recursos (bienes de capital, trabajo, etc.), por debajo de los deseos de la población (Case y Fair 1996: 33-35).

Según Varian, vinculada a la idea de eficiencia, “…una asignación es equitativa si ninguno de los agentes prefiere la cesta de otro a la suya propia” (Varian 2010: 668). En nuestro caso, la situación resulta evidentemente inequitativa (“injusta”), puesto que las condiciones dadas a Chery (en parte empresa del Estado) frente al resto de la industria, suponen un enorme desequilibrio. En este caso podríamos estar hablando de una “competencia desleal pública”.

Aunque el crecimiento de la productividad es un tema propio de la macroeconomía (Pindyck y Rubinfeld 2009: p. 4), la falta de crecimiento de una empresa podría decidir la reducción de sus costes: tales como inversión de capital o creación de puestos de trabajo. En tal caso, resulta difícil pensar que la crisis pudiera ser compensada con la participación directa del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

Anónimo, Planta Chery de Venezuela ha ensamblado cerca de 58 mil vehículos: Desde su inauguración en 2011. En http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/planta-chery-venezuela-ha-ensamblado-cerca-58-mil-vehiculos/, consultado el 10 de octubre de 2016

Alfonzo, A., Carmen Sofía, Blanca Vera Azaf, Leopoldo Martínez Felce, Fabiana Culshaw y Vanesa Pérez Díaz. Una economía atada por los controles. Debates IESA. Volumen XIII, número 1, enero-marzo 2008. Instituto de Estudios Superiores de Administración, pp. 39-49.

Capriles Ayala, Carlos (1985). Pérez Jiménez y su tiempo: Biografía del expresidente y radiografía de Venezuela en algunas etapas estelares de su historia (2ª edición). Caracas: Editorial Dusa.

Case; Karl E. y Ray C. Fair (1996). Principios de Microeconomía. Traducción de Ángel Carlos González Ruíz (4ª edición). México: Prentice-Hall Hispanoamericana S. A.

Deniz, Roberto, Los carros Chery son un negocio redondo para la familia Yammine. En http://runrun.es/nacional/venezuela-2/256117/los-carros-chery-son-un-negocio-redondo-para-la-familia-yammine.html, consultado el 10 de octubre de 2016.

Eaton, B. Curtis y Diane F. Eaton (1996). Micro Economía. Traducción de Concepción Verania de Parres Cárdenas (3ª edición). México: Prentice-Hall Hispanoamericana S. A.

Palma, Pedro A., Cómo protegerse de la crisis que se avecina. Debates IESA. Volumen XIII, número 1, enero-marzo 2008. Instituto de Estudios Superiores de Administración, pp. 56-61.

Pindyck, Robert S. y Daniel L. Rubinfeld (2009). Microeconomía. Traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia (7ª edición). Madrid: Pearson – Prentice Hall.

Varian, Hal R. (2010). Microeconomía Intermedia: Un enfoque actual. Traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia (8ª edición). Barcelona: Antoni Bosch, editor.

NOTAS

[1] En el caso venezolano, la industria automotriz aportaba 3,5% del PIB (Deniz 2016).

[2] Fuente Cavenez. En http://www.cavenez.com/, consultado el 10 de octubre de 2016.

[3] Por ejemplo: http://carros.trovit.co.ve, http://clasificadoseluniversal.com o http://carros.tucarro.com.ve.

[4] Mientras el precio promedio internacional de la gasolina es de 0,98$ por litro, en Venezuela apenas llega a 0,01$ (http://es.globalpetrolprices.com, consultado el 16 de noviembre de 2016).

[5] Creada según Gaceta Oficial número 40.219 del 1° de agosto de 2013.

[6] Según el portal http://carros.trovit.co.ve/index.php/cod.search_cars/what_d.chery/isUserSearch.1, consultado el 10 de octubre de 2016, la marca más ofertada es Chery, con 2493 anuncios, seguida de Ford, con 142.

En http://clasificadoseluniversal.com/Carros, la marca más ofertada es Chevrolet con 23 anuncios, seguida de Chery con 20. Por el contrario, en http://carros.tucarro.com.ve/, la marca más ofertada es Chevrolet con 9123 anuncios, seguida de Toyota con 5640. De Chery apenas se anuncian 60 ofertas.

[7] Véase en http://www.redpres.com/t5485-ministerio-de-industrias, consultado el 16 de noviembre de 2016.