Emilio Spósito
Contreras
GUERRAS NUEVAS
Y CONCIENCIA DE PAZ EN VENEZUELA
Y CONCIENCIA DE PAZ EN VENEZUELA
1. Las guerras nuevas
Aquileo: –¡Zeus padre! Grandes son los infortunios que mandas a los
hombres. Jamás el Atrida me hubiera suscitado el enojo en el pecho, ni hubiese
tenido poder para arrebatarme la joven contra mi voluntad; pero sin duda quería
Zeus que muriesen muchos aqueos…
HOMERO, Ilíada, XIX, 25.
Vicenç Fisas, en su importante trabajo Procesos de paz y negociación en conflictos armados, nos recuerda
que las guerras ya no son las de antes. Son del pasado aquellas idealizadas luchas
entre pueblos o Estados, representados por ejércitos que se enfrentaban en el
campo de batalla, observando las reglas del honor y dejando al margen del
conflicto a la población civil.
Sobre la guerra histórica, vale recordar, por una parte, a Ernst Jünger
(1895-1998) y su célebre obra Tempestades
de acero (1920) y, por la otra, a Johan Huizinga (1872-1945) y su artículo Significado político de las ideas
caballerescas en el período final de la Edad Media (1921), excelentes
expositores de la guerra “a fuego y
sangre”, pero convencional.
La cuestión es que, con el advenimiento de la posmodernidad, hoy el
Estado puede no ser uno de los actores de la guerra –de hecho puede no existir
en el sentido moderno de la expresión Estado–, es decir, la lucha armada dejó
de ser internacional, para referirse a las pugnas entre actores infra o supraestatales,
como comunidades étnicas o religiosas, por el control de recursos escasos, et cetera.
La población civil –“los ancianos, las mujeres y los niños”–, ya no son
víctimas colaterales, “falsos positivos” del conflicto, sino que su destrucción
ahora es esencial. Los actores de las nuevas guerras tienen como objetivo
deliberado de su actuación masacrar a la población.
Ahora se puede carecer de “ejército” y sólo contar con algunos lobos solitarios,
incomunicados y hasta desconocidos del nivel de mando. Pero además, las armas
han dejado de ser las de siempre. Por ejemplo, como lo indica Fisas, en el
conflicto de Ruanda se alcanzó más de medio millón de fallecidos y la mayoría
murió por “arma blanca”, sin que ello tenga ninguna connotación noble o
positiva, en el sentido dado por Richard Cohen al arte de Blandir la espada.
Las armas no convencionales tienen su máxima expresión en el uso de
aviones comerciales para atacar torres de oficinas particulares en Nueva York, durante
el 11 de septiembre de 2001. En esta materia, todo parece valer como arma: el
control de los combustibles (gas, gasolina, carbón), la distribución y venta de
alimentos o medicinas, la expedición de pasaportes, las decisiones judiciales,
entre muchas otras.
Para Fisas, por conflicto armado se entiende:
“…todo
enfrentamiento protagonizado por grupos de diversa índole, tales como fuerzas
militares regulares o irregulares, grupos armados de oposición, grupos
paramilitares o comunidades étnicas o religiosas que, con armas u otros medios
de destrucción, y organizados, provocan más de cien victimas en un año a través
de actos intencionados, sea cual sea su justificación. La cifra de cien muertes
es, por supuesto, un indicador que debe relativizarse en función de otros
elementos, como la población total del país y el alcance geográfico del
conflicto armado, así como el nivel de destrucción generado y los
desplazamientos forzados de población que conlleva” (FISAS, V, Procesos de paz y negociación en conflictos
armados, p. 14).
Pero si resulta muy amplia la definición, el autor introduce la noción
de “situaciones de tensión” o “conflictos no resueltos”, a fin de indicar
aquella situación propicia para que, ante un detonante, estalle un conflicto
armado.
En tal sentido, las “situaciones de tensión” son descritas como:
…contextos en
los que se producen graves situaciones de tensión y polarización social o
política, con enfrentamientos entre grupos políticos, étnicos o religiosos, o
entre éstos y el Estado, con alteración del funcionamiento ordinario de las
instituciones del Estado (golpes de Estado, toques de queda y estados de
excepción o emergencia) y con índices significativos de destrucción, miedo,
muertos o desplazamientos forzados de población (FISAS, p. 15).
Vicenç Fisas ha sido un estudioso comprometido con la solución del
conflicto colombiano, una de las guerras más persistentes del mundo: se
considera 1964 como su año de inicio, es decir, hace más de 50 años. Los
acuerdos de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP
(“Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo”), así como
el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos (2016),
para júbilo de la humanidad entera, vislumbran una pronta solución a tantas
penurias y desolación.
Este prolegómeno sobre las nuevas guerras, debe causar alarma a
cualquier lector familiarizado con la situación de Venezuela, sobre todo de
aquellos que han vivido en una ilusión de paz, pensando que la última guerra
fue la Federal, entre 1859-1863, o que la postrera batalla campal escenificada en
el país fue la de Ciudad Bolívar, en 1903.
Muchos venezolanos a lo largo de los últimos años, han vivido en la
holgura y el sosiego productos de la renta petrolera, desdeñando las armas, la
milicia y la violencia que se incuba en los sectores más desfavorecidos de
nuestra sociedad, a pesar que –como
en su momento lo advirtiera el psiquiatra Francisco Herrera Luque, en su tesis Viajeros de Indias (1977)– tenemos una
propensión patológica hacia la violencia.
2. Vientos de guerra en Venezuela
Las particularidades de las nuevas
guerras evidenciadas por Fisas, inquietantemente parecen cumplirse a cabalidad
en Venezuela:
No hacen falta potencias extranjeras
beligerantes para sentirnos amenazados. El 27 de febrero de 1989 y, sobre todo,
el 4 de febrero de 1992, constituyeron escenas propias de una guerra en toda
regla.
Más aún, el Estado y sus órganos han
sido sistemáticos en apuntalar situaciones alusivas a conflicto armado: “golpe
de Estado”, “revolución”, “paro golpista”, “comandante”, “patria socialista o
muerte”, “magnicidio”, “la espada de Bolívar”, “guerra económica”, “invasión
imperialista”, “estado mayor”, milicias, máscaras de calaveras, et cetera.
Por su parte, la cifra mínima de 100
muertes anuales producto de la violencia, aun sin datos oficiales, parecen superarse
con creces un fin de semana cualquiera. Las víctimas son todas las familias,
los ciudadanos, sin distinción por motivos de raza, credo, militancia política,
condición económica o social.
Según Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de
la República, durante 2016 fueron asesinadas 21.752 personas en Venezuela (cfr. https://www.aporrea.org/ddhh/n306387.html).
Los victimarios son las bandas de
delincuentes que operan desde las cárceles, según los más calificados investigadores
(verbi gratia, el Observatorio
Venezolano de Violencia, dirigido por Roberto Briceño León), amparados a la
sombra de la corrupción y la impunidad sistemática; los colectivos armados, el
narcotráfico y hasta, excepcionalmente, los cuerpos de seguridad del Estado.
Sobre las armas, Leonardo Da Vinci
demostró que la imaginación es el límite. En Venezuela, se ha advertido sobre
el uso de la televisión, la instrucción pública, el miedo, el hambre y la
inseguridad patrimonial, personal y jurídica, como instrumentos de coerción.
Sobre esta última, pocos dudan que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia se haya convertido en la gran bombarda del gobierno.
A través de las sentencias de los
tribunales, se han confiscado bienes, encarcelado enemigos políticos y
desmontado la institucionalidad (suspendido y desconocido elecciones, atribuido
competencias ajenas o extraordinarias, tergiversado derechos e instituciones tales
como la libertad individual, la propiedad, la responsabilidad contractual, las
costumbres de las comunidades indígenas, la familia, el matrimonio, la infancia, et cetera), todo, en función de
mantener el poder como sea.
Esta guerra, más que comandantes y
soldados, cuenta con jueces y abogados.
Por último, hasta tenemos procesos de
diálogo para la paz, con mediadores internacionales tan importantes como un
nuncio de S. S. el papa Francisco. La poca acogida de éste, nos habla
peligrosamente del deseo de guerra de unos y el desdén por la abierta
conflagración de otros.
3. Los costos de la guerra
Admitida su disculpa, ordénales dar rehenes, señalándoles plazo para la
entrega; donde no, protesta que les hará la guerra a fuego y sangre…
CAYO JULIO CÉSAR, Comentarios de
las guerras de las Galias. V, 1.
Mediante sentencia número 155 del 28 de
marzo de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció
límites a la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional y
extendió las facultades del Presidente de la República para legislar en materia
penal militar, a fin de perseguir a diputados supuestamente incursos en
traición a la patria.
Al día siguiente, mediante sentencia
número 156, la Sala Constitucional asumió las competencias de la Asamblea
Nacional. En otras palabras, la suspensión del Poder Legislativo nacional
representado por la Asamblea Nacional.
Curioso que ante una supuesta falta de
la Asamblea Nacional, le sustituya el Tribunal Supremo de Justicia. Lógico habría
sido argumentar que, ante la eventual ausencia del Poder Legislativo nacional, éste
fuera sustituido por los Consejos Legislativos estadales o los Concejos
municipales los cuales, al menos, son de la misma naturaleza legislativa y de
elección popular. Algo así se hizo con éxito en 1810.
Los graves hechos descritos ameritarían
más comentarios jurídicos pero, por una parte, resultaría demasiado arduo, pues
implicaría subrayar todo el Derecho desde los romanos hasta la Constitución
venezolana de 1999 y, por la otra, resultaría evidentemente inútil, pues no
parece ser la hora del Derecho.
Resulta más interesante y productivo
comentar dos situaciones relacionadas con los referidos acontecimientos:
En primer lugar, debe señalarse que los
hechos descritos son la culminación de la reacción del gobierno nacional a las
elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2015, en las cuales resultaron
mayoritariamente electos representantes opositores al gobierno, y sus intentos
de revocar el mandato del Presidente de la República, así como la designación de
los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia realizadas in extremis por la legislatura saliente.
En este caso, por “gobierno” debe
entenderse, además del Poder Ejecutivo y el Judicial –alineado con el
Ejecutivo–, los Poderes Electoral –en el cual al menos tres de sus cinco
integrantes fueron designados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia, en sustitución de la Asamblea Nacional– y Ciudadano, cuyos
miembros fueron designados paralelamente a los actuales Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia. Debe sumarse al gobierno, la Fuerza Armada
Nacional, explícitamente política y con amplia presencia en la vida civil.
Es difícil especular si el gobierno pudo
responder de manera distinta. Lo cierto es que la medida es coherente con su
discurso desde 1998.
Ello trae como resultado la eliminación
de la Asamblea Nacional, principal foro político contrario al gobierno, sus
personalidades, partidos políticos y sectores de la población –actualmente
mayoritario– identificados como de oposición. Es de resaltar que en la
particular situación de crisis generalizada, la oposición se asocia a bienestar
económico, orden y democracia, más que por mérito propio, por efecto de la
imagen negativa que proyecta el propio gobierno.
En segundo lugar, no es difícil prever
la respuesta que tendrá que adoptar la oposición, y tarde o temprano el país en
general, contra el accionar del gobierno. Con los hechos descritos, se ven
afectados no sólo los miembros de la Asamblea Nacional, sino amplios sectores
del país que, cada vez más, ven amenazada su forma de vida, relaciones y
aspiraciones.
Probablemente, la reacción opositora
tendría que dirigirse a visibilizar esos efectos generales, con miras a
restablecer la Constitución y ser una opción frente al actual régimen. Tarea
nada fácil, pero no por difícil eludible.
Así como en 1812, la dolorosa guerra a
muerte de Domingo Monteverde empezó a aglutinar el país en torno a la causa
patriota. Medidas tan graves como las tomadas el 29 de marzo de 2017 por el
gobierno y las que seguramente vendrán a continuación, tendrán importantes
consecuencias. La actuación del gobierno luce muy costosa, e imaginamos que, en
definitiva, el precio a pagar es el indicado por la circunstancia.
4. La Historia,
el Derecho y la guerra
Alessandro Baricco, en su versión de la Ilíada, específicamente en el texto Otra belleza: Apostilla sobre la guerra,
recuerda la centralidad del texto de Homero para la cultura griega –y
occidental–, e igualmente, que ésta constituye un monumento a la guerra.
No obstante, Baricco también resalta la conciencia de paz de sus personajes,
comenzando por Aquiles, su protagonista; el llamado a la paz de las voces
femeninas de la historia (la madre de Héctor, Andrómaca, Helena); la compasión
de los griegos por sus enemigos, los troyanos, a quienes dan voz y
reconocimiento en el relato patrio; y finalmente, los interminables diálogos,
asambleas y discusiones sobre la guerra, pero que terminan por “congelarla”.
Por su parte los romanos, guerreros por
excelencia, derivaron de sus instituciones militares instrumentos eficaces para
la paz: por una parte los comicios, las magistraturas, el censo, la censura, el
tribunado, el imperio; por otra, el ius
post liminii, el peculio castrense, la emancipación, la servidumbre, el
pretor peregrino.
Pero sobre todo, de la actividad bélica
de los romanos surgió el ius gentium,
el Derecho de gentes, base del Derecho internacional –aunque mucho más amplio–
y los actuales derechos humanos, precisamente los derechos que permanecen a
pesar de los tiranos y sus decisiones.
5. Epílogo: La
reina de las reglas
…decir que el hombre es libre cuando obedece
no a los hombres sino a las leyes carece de significado cuando los hombres que
gobiernan pueden calificar de leyes a sus propios actos de voluntad.
BERTRAND DE JOUVENEL, Sobre el poder:
Historia natural
de su crecimiento,
p. 210.
Stephen P. Robbins, en su obra Comportamiento organizacional: Conceptos,
controversias y aplicaciones (p. 634), recuerda el caso de la empleada de
seguridad de IBM, que tenía instrucciones precisas de impedir el paso a
cualquiera que no estuviera identificado como autorizado para ingresar al
sector que celosamente custodiaba.
Un día, el poderoso Thomas Watson Jr., Presidente
de IBM, acompañado del gran número de personas que solían seguirle, se dirigió
a la puerta que vigilaba la humilde empleada, sin llevar la identificación
color verde que habilitaba para trasponer su puerta.
La empleada le prohibió el paso
indicando:
–Usted no puede entrar, la entrada está
prohibida.
Del grupo de espantados acompañantes
surgieron reproches:
–¿Sabe usted a quién se dirige?
–¡La despedirán!
Se cuenta que la empleada había
reconocido a su jefe y, aún así, tuvo el coraje de replicar:
–No importa quién sea usted, debe
obedecer las reglas…
Thomas Watson Jr. impuso silencio a sus
seguidores y le dio la razón a su empleada, sentenciando:
–En IBM, no importa quién sea usted,
debe obedecer las reglas.
Esta especie de “mito de origen”, desde
la más alta dirección de la organización, fijó una regla fundamental para ser
transmitida a los empleados y cumplida por todos. Las bondades de una regla
como esa, son fáciles de intuir.
Resaltando lo dicho a partir del
contraste, cabría preguntarnos: ¿Qué habría pasado con IBM y sus trabajadores,
si su alta dirección no daba el ejemplo y se castigaba injustamente a la
empleada por ser garante del cumplimiento de las reglas?
En el mes de marzo, trascendió la
noticia de que la Fiscal General de la República, pidió la destitución y privación
de libertad de un funcionario policial de “Polilara” que detuvo su caravana y supuestamente
la habría ofendido (cfr. https://www.aporrea.org/actualidad/a242734.html).
El acontecimiento se parece mucho al protagonizado por Thomas Watson Jr. y la
vigilante de IBM, salvo en el final que, cierto o falso, debió usarse para
construir la imagen del Ministerio Público –garante del Derecho– y sus
trabajadores.
No obstante, la misma Fiscal General de la
República, en defensa de la Constitución, indicó que en las decisiones de la Sala
Constitucional referidas supra, “…se evidencian varias violaciones del orden
constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una
ruptura del orden constitucional” (cfr.
https://www.aporrea.org/actualidad/n306372.html).
Muchas veces se desestiman las normas,
la honestidad, la honorabilidad o la justicia, asumiendo la fatalidad del mal.
No obstante, estos momentos son propicios para el desarrollo de la conciencia:
llegó la hora de asumir valientemente nuestros errores individuales y colectivos,
y por más lento y penoso que ello sea, ascender moralmente y alcanzar la paz.
Fuentes
CAYO JULIO
CÉSAR, Comentarios de las guerras de las
Galias. Traducción de José Goya y Muniain. Aguilar-Monte Ávila Editores
Latinoamericana. Madrid 1989.
HOMERO, Ilíada. Traducción de Luis Segalá y
Estalella. Introducción de Javier de Hoz. Autral. Colección Poesía, número 337.
41ª edición. Madrid 2007.
Bibliografía
BARICCO,
Alessandro, Otra belleza: Apostilla sobre
la guerra. En http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/76/MauricioLopezNoriegaAlessandroBaricco.pdf, consultado el 30 de marzo de 2017.
COHEN, Richard, Blandir la espada: Historia de los
gladiadores, mosqueteros, samurái, espadachines y campeones olímpicos.
Traducción de Patricia Antón. Destino. Barcelona 2004.
FISAS, Vicenç, Procesos de paz y negociación en conflictos
armados. Paidós. Barcelona 2004.
HERRERA LUQUE,
Francisco, Los viajeros de Indias: Ensayo
de interpretación de la sociología venezolana. Monte Ávila
Editores. Caracas 1979.
HUIZINGA, Johan,
Hombres e ideas: Ensayo de la historia de
la cultura. Traducción Aníbal Leal. Compañía General Fabril Editora.
Colección de Filosofía. Buenos Aires 1960.
JOUVENEL,
Bertrand de, Sobre el poder: Historia
natural de su crecimiento Unión Editorial, S.A. Madrid 2008.
JÜNGER, Ernst, Tempestades
de acero - El bosquecillo 125 - El estallido de la Guerra de 1914. Traducción de Andrés Sánchez Pascual. Tusquets. 3ª edición. Barcelona
1998.
ROBBINS,
Stephen P., Comportamiento organizacional: Conceptos, controversias y
aplicaciones. Traducción de Pilar Mascaró Sacristán. Prentice Hall. 6ª edición.
México 1994.
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