Poder ciudadano

Sacha Rohán Fernández Cabrera*

DEL PODER MORAL

AL PODER CIUDADANO

Entre los fines esenciales del Estado, conforme a lo preceptuado en el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, destacan la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos en el Texto Constitucional.

De modo muy general, se puede agregar que es un Estado, definido constitucionalmente, como, Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que ampara el bienestar de los venezolanos, pretende crear las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones, de manera que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar los Derechos Humanos y buscar la felicidad.

Igualmente, los principios de solidaridad social y del bien común, conducen al establecimiento de ese Estado Social, sometido al imperio de la Constitución y las leyes. De esta manera, se convierte en un Estado de Derecho, que se nutre de la voluntad de los ciudadanos, expresada libremente por los medios de participación política y social para conformar el Estado Democrático.

Así, dentro de ese Estado, surge el Poder Ciudadano que se fundamenta en el Poder Moral propuesto por Bolívar en 1819, que tiene gran énfasis en la protección de la moral, ética y educación de todos los ciudadanos y especialmente de los servidores y funcionarios públicos, siendo que constituye una rama nueva, autónoma e independiente de las demás ramas del Poder Público Nacional, que busca la perfección de las instituciones sociales, públicas o privadas, así como de la ciudadanía, habitantes y residentes del país, lo cual significa que tiene entre sus manos una tarea de muy difícil establecimiento y práctica.

De este modo, el Poder Ciudadano se ejerce a través del Consejo Moral, el cual tiene amplias facultades de investigación para poder sancionar a aquellos funcionarios que incurrieren en cualquiera de las faltas constitucionales y legales establecidas, lo cual acarra como consecuencia una condena moral que es coexistente con las demás sanciones civiles, penales y administrativas que se le pudieran imponer a la persona. Es así como, este órgano, es quien puede realizar las investigaciones y procedimiento correspondiente, a los fines de determinar si es procedente o no la remoción de algún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

Notamos también que dentro de esas amplias facultades de investigación que tiene, se le debe dar preferencia y urgencia de manera obligatoria por parte de todos los órganos y funcionarios del Estado, a las solicitudes del Consejo Moral, siendo sancionados en caso de no hacerlo. Incluso puede solicitar todas las declaraciones que estime pertinentes y ver cuántos documentos desee, aunque estos sean secretos o confidenciales.

Hasta ahora existe una serie de hechos que pueden comprobar las ventajas o perjuicios de esta nueva institución que conlleva a su aceptación o rechazo. Entre éstos nos encontramos con que en el año 2000, se nombró a los titulares de los órganos partes del Poder Ciudadano, de una manera peculiar y contradictoria a lo dispuesto en el artículo 279 de la Constitución, con respecto al Comité de Evaluación, regulado esto mediante una ley especial que se creó para tal efecto de manera distinta a lo indicado en el Texto Fundamental; además se sancionó y promulgó la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en la que tampoco se reguló de forma precisa lo relativo al Comité de Evaluación, sino que lo dejó en manos del Consejo Moral para que lo regulara en su normativa interna.

Del mismo modo, podemos notar que en la actualidad, las actuaciones del Poder Ciudadano no han sido numerosas, salvo por pocos casos, así como tampoco se ha observado o notado una campaña a través de los medios de comunicación, a los fines de dar cumplimiento a sus obligaciones en materia formativa y educativa. Tampoco se ha conocido sobre sus informes anuales o algún informe especial, con lo cual se observa que falta una mayor labor de información y comunicación de este nuevo poder para con la ciudadanía.

En definitiva, este Poder Ciudadano tiene una noble e importante función, además de un gran poder que puede y debe ser utilizado y empleado en la mejora de la Administración Pública, de los ciudadanos, de los habitantes y de los residentes de Venezuela, a través de su actividad formadora y educativa, así como en su función sancionadora y ejemplarizante de aquellos que desvíen el camino de las conductas probas, honestas y virtuosas. De lo contrario nos encontraremos como lo señaló el Congreso de 1819, ante una institución de muy difícil establecimiento e impracticable, que se convierte en algo totalmente anodino pudiendo traer consecuencias inicuas.

*Universidad Central de Venezuela. Abogado, doctorando en Derecho, profesor de Derecho Civil III, Obligaciones.