Introyectos Judiciales

Jorge O. Castro Urdaneta*

EL DERECHO A LA VIDA EN EL UMBRAL DE LA MUERTE:

La Sentencia de la Corte Suprema de la India del 7 de marzo de 2011, caso: “Aruna Ramchandra Shanbaug” contra “Union of India and others” [1]

El caso, que fue sometido a consideración de la Corte Suprema de la India, se originó en la solicitud formulada por la periodista Pinki Virani, autora del libro Aruna’s Story, en el cual relata el caso que conocería la máxima instancia jurisdiccional de India.

El objeto fundamental de la pretensión de la escritora Pinki Virani se concretaba en solicitar se le suspendiera el suministro de alimento Aruna Shaunbag, para que se la dejara morir en paz, una amiga suya que desde hacía aproximadamente treinta y siete años se encontraba en estado vegetativo persistente en el King Edward Memorial Hospital de Mumbai (KEM Hospital).

El 27 de noviembre de 1973, Aruna Shaunbag, quien se desempeñaba como enfermera en el KEM Hospital, fue asaltada brutalmente por un hombre que al darse cuenta de que estaba menstruando, la sodomizó, inmovilizándola al amarrarle una cadena para perros alrededor del cue¬llo y no fue sino hasta las siete de la mañana del día siguiente cuando fue hallada inconsciente, tirada en el suelo y cubierta de sangre. Al parecer, la estrangulación con la cadena privó el suministro de oxigeno al cerebro lo que le causó a este órgano daños extensos.

Desde que ocurrió dicho incidente habían transcurrido treinta y seis años, Aruna Ramachandra Shanbaug ya tenía sesenta años de edad, y Pinki Virani en su solicitud a la Corte señaló que el estado de su amiga era deplorable, sus huesos eran tan frágiles que cualquier presión sobre ellos podría romperlos, su piel parecía papel maché envolviendo a un esqueleto, había dejado de menstruar, perdió sus dientes, solo podía comer papillas, se encontraba en un estado vegetativo persistente, sus orines y heces las hacía en la cama y eran limpiadas por el personal del hospital, condiciones que no se podían calificar como una vida digna, había estado en esas condiciones como un “animal muerto” por todos esos años y no existía posibilidad alguna que su condición mejorara.

Sin embargo, frente a la anterior descripción, la Corte Suprema de la India, igualmente advirtió que el director del KEM Hospital alegó que Aruna Shaunbag comía normalmente, reaccionaba intermitentemente al tacto e interactuaba con expresiones faciales y sonidos, además existían en el expediente testimonios en los cuales se aseguraba que disfrutaba oír música y que, además, había sido objeto de un encomiable cuidado por parte del personal del referido Hospital.

Debido a estas discrepancias en la calificación de las condiciones de salud de Aruna Shaunbag, se ordenó a un comité de médicos de Mumbai un reconocimiento médico integral de la paciente y la elaboración de un informe sobre su condición física y mental, en el cual se determinó que no se encontraba en coma y su cerebro no estaba muerto, sus funciones cardíacas y respiratorias eran normales, aunque no era capaz de entender, comunicarse, hablar o emocionarse; no era consciente de sí misma ni de su entorno, y no tenía interacción con los demás, por lo que se encontraba en estado vegetativo permanente.

Luego de revisar un extenso acervo probatorio, la Corte advirtió que podría haber desestimado de plano la petición, ya que conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución de la India [2], el peticionante debía probar la violación de un derecho fundamental y la Sala Constitucional, ya había establecido con anterioridad en el caso “Gian Kaur vs. State of Punjab, 1996(2) SCC 648 (vide paragraphs 22 and 23)”, que el derecho a la vida garantizado en el artículo 21 de la Constitución no incluye el derecho a morir [3], pero al advertir la importancia de las cuestiones que fueron planteadas para su conocimiento, decidió abordar con mayor profundidad el mérito de las mismas.

Debe recordarse que la Corte Suprema, al igual que los tribunales superiores, “ostentan la competencia de dictar mandamientos de habeas corpus (para averiguar acerca de la privación de libertad personal), Mandamus (para examinar la validez de los actos del ejecutivo), de prohibición, certioran (para examinar la validez de actuaciones de naturaleza judicial), y (quo narrante) (para averiguar la validez de un nombramiento para un cargo público), con el fin de proteger los derechos fundamentales”, pero además pueden también usar, esos mandamientos “para cualquier otro fin”, por lo que “cuando se trate de la lesión de un derecho fundamental, el peticionario tiene derecho a ser oído en el procedimiento, pero, de no ser ese el caso, el Tribunal negará su competencia, salvo que el peticionario sea capaz de demostrar que hay lesión de un derecho otorgado por la ley, que se halla en riesgo de sufrir una manifiesta injusticia y que no hay alternativa adecuada para obtener remedio” [4].

En sus consideraciones la Corte aborda extensamente el tema de la eutanasia, la cual es analizada en la legislación y los pronunciamientos judiciales de otros países, así señala que la eutanasia puede ser activa, la cual se concreta en el uso de sustancias o procedimientos letales para terminar con la vida de un paciente; pasiva, que se produce con el retiro deliberado de los tratamientos otorgados al paciente a los fines de causar su muerte. También distingue entre la voluntaria o cuando existe el consentimiento del paciente para terminar con su vida, e involuntaria, cuando la muerte se produce sin mediar esa manifestación de voluntad, con lo cual concluye que en el caso en cuestión se trataba de una eutanasia pasiva involuntaria.

Señaló que en la India, al igual que en muchos otros países, la eutanasia activa es ilegal y tipificada como un el delito (artículo 302 del Código Penal), pero, además, destaca que el suicidio médicamente asistido es también un delito (artículo 306 del Código Penal).

En sus motivos, fija especial atención en la decisión de la Cámara de los Lores del Reino Unido, en el caso “Airedale NHS Trust v. Bland (1993)”, y reitera que ya esa Corte Suprema en el caso “Gian Kaur”, sostuvo entre otras consideraciones que si bien el sistema penal consideraba la tentativa del suicidio como una conducta antijurídica pasible de sanción, el Parlamento debía eliminar tal anacronismo legislativo, en la medida que los suicidas no deberían ser objeto de castigos, sino de ayuda profesional; además reiteró que tanto la eutanasia como el suicidio asistido son ilegales y observó que la eutanasia solo podría ser legalizada por el Parlamento.

Sin embargo, al advertir que ningún precedente había dejado claro si es posible y a quién le correspondería la decisión de retirar el soporte vital en el caso de una persona que, por ejemplo, está en estado vegetativo persistente, la Corte puntualizó que en la India, la cuestión exige máxima cautela, ya que dado el gran número de personas que podría encontrarse en una situación similar a Aruna Shanbaug, en las cuales no se está en condiciones de manifestar su voluntad para el retiro del soporte vital, debe tenerse en cuenta un innegable deterioro de los patrones éticos de la sociedad, en la que existe una generalizada mercantilización y una rampante corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que familiares u otras personas inescrupulosas, con la ayuda de médicos de igual condición ética, se presten para afirmar, por dinero, que un paciente se encuentra en fase terminal y que no existen posibilidades de recuperación, a los fines por ejemplo, de heredar los bienes del paciente [5].

En la India, aunque se le otorga un importante peso a la opinión de los parientes y amigos en aquellos casos en que se plantea el retiro del soporte vital de una persona en estado vegetativo permanente o que, por otras circunstancias, es incapaz de tomar o manifestar una decisión al respecto, ello no constituye un acto discrecional que dependa solamente de los médicos y los familiares y allegados del paciente.

La Corte consideró que en esos casos deben intervenir los órganos jurisdiccionales (Corte Suprema), tal como lord Keith afirmó en caso “Airedale (1993). Cámara de los Lores”, ya que ello garantizaría una protección de los intereses del paciente, de los médicos, de los parientes, allegados cercanos y la seguridad de la familia del paciente, así como del público en general.

Para ello, se asume la doctrina del parens patriae cuyo origen debe ubicarse en el Reino Unido aproximadamente en el siglo trece, conforme al cual se reconocía que el rey como “padre” o regente del Estado, estaba en la obligación de resguardar los intereses de aquellos que no estaban en capacidad de cuidarlos por sí mismos; lo cual se concretaría en la actualidad en afirmar que, en algunos casos, los ciudadanos que se encuentran en la necesidad de contar con alguien que pueda actuar como un familiar capaz de tomar decisiones o, incluso, emprender actuaciones en su favor, es posible que la mejor opción sea aceptar que el Estado es el mejor calificado para asumir ese rol.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de la India ya había asumido la doctrina del parens patriae, la cual es reconocida en otros ordenamientos jurídicos como el norteamericano, en el cual se ha señalado que el Estado tiene un legítimo interés bajo su potestades de parens patriae en proveer resguardo a los ciudadanos que son incapaces de cuidarse a sí mismos [6].

En opinión de la Corte Suprema de la India, conceder la autorización para el retiro del soporte vital también es posible sobre la base del contenido del artículo 226 de la Constitución de la India [7], la cual otorga competencias a dicha instancia jurisdiccional para dictar, además de decretos judiciales (writs), directivas y órdenes, como sería lo relacionado con el pedido de autorización formulado por un pariente o amigo cercano, los médicos o el personal de un hospital para retirar el soporte vital de una persona incompetente.

Para el trámite de dichas solicitudes la Corte Suprema de la India, estableció el siguiente procedimiento:

i. Recibida la solicitud, el Presidente de la High Court, deberá constituir una sala integrada por no menos de dos jueces para decidir si dan o no la aprobación, la cual deberá estar precedida un dictamen de un comité constituido a tal efecto por orden de la referida Sala. El mencionado comité estará constituido por tres médicos reconocidos que preferentemente, sean especialistas en neurología, psiquiatría y medina interna, que para emitir su opinión mediante un informe al tribunal, deberán previamente examinar celosamente al paciente y estudiar su historia clínica, tener en consideración las opiniones del personal del hospital.

ii. Simultáneamente, la Sala especial de la High Court notificará al Estado y a los parientes cercanos del paciente (padres, cónyuge, hermanos e hijos) y, en su defecto, a su amigo más cercano, a quienes se les su¬ministrará una copia del informe médico al cual se hizo referencia, en cuanto se encuentre disponible.

iii. Después de oír a los familiares o amigo más allegado, el tribunal deberá pronunciarse, teniendo en consideración que deberá dictar un veredicto lo más pronto posible, ya que toda dilación puede causar gran padecimiento a los parientes y a otras personas cercanas al paciente y, su fallo tendrá que contener las razones específicas de conformidad con el principio del mejor interés del paciente, que justifiquen su decisión.

iv. El procedimiento será obligatorio en todo el territorio de la India hasta que el Parlamento legisle sobre el tema.

Con relación al fondo del caso planteado, la Corte Suprema de la India determinó que, a pesar de que la solicitante alegó que Aruna Shanbaug está muerta y que, por ello, dejar de alimentar su cuerpo no comporta matarla, no era la situación que se planteaba a su conocimiento, ya que siendo el cerebro el órgano más importante de una persona, solo cuando el cerebro está muerto, esta debe considerarse muerta. Desatacó que en la actualidad, la muerte cerebral solo se verifica cuando cesan irreversiblemente todas las funciones del cerebro, inclusive las del tronco cerebral, lo cual es diferente a los estados vegetativos persistentes en los cuales el tronco cerebral sigue funcionando.

Desde esa perspectiva, Aruna Shanbaug no está muerta, en tanto que en las pruebas que cursan en el expediente se demuestra que tiene cierta actividad cerebral, aunque lo más probable sea que permanezca en ese estado hasta su muerte.

Para concluir, se destacó que los padres de Aruna Shanbaug habían muerto y ningún otro pariente cercano se ha interesado por ella desde el momento en que fue agredida, por lo que podría aseverarse que sus amigos más cercanos es el personal del KEM Hospital, quienes con una encomiable dedicación la han atendido día tras día por más de treinta y ocho años, y no como la solicitante Pinki Virani, quien la ha visitado en escasas ocasiones y ha escrito un libro sobre ella, pero advirtiendo que no pretende censurar o menospreciar la labor de la señora Pinki Virani, sino, por el contrario, expresar la mayor estima y aprecio por su espíritu social y por haber elevado a conocimiento de la Corte una petición de buena fe que consideró ética.

En consecuencia, se determinó que quienes deben tomar la decisión de continuar tales tratamientos de soporte vital es el personal del KEM Hospital, los cuales expresaron rotundamente el deseo de que se permita vivir a Aruna Shanbaug.

NOTAS

* Universidad Católica Andrés Bello, Abogado. Universidad Central de Venezuela (UCV), Especialista en Derecho Administrativo; cursante del Doctorado en Ciencias, mención Derecho UCV.

[1] Consultada en http://www.supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wr1152009.pdf, el 9/11/11.

[2] El artículo 32, establece: “Right to Constitutional Remedies. 32. (1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed. (2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part. (3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clauses (1) and (2), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause (2). (4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution. 32A. [Constitutional validity of State laws not to be considered in proceedings under article 32.] Rep. by the Constitution (Forty-third Amendment) Act, 1977, s. 3 (w.e.f. 13-4-1978) [by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 5 (w.e.f. 3-1-1977)]”.

[3] El artículo 21 dispone que: “No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law”.

[4] Gledhill, Alan. Revista de Estudios Políticos, Nº 92, 1957, p. 28, consultada el 23/11/11 en http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2129065.

[5] En un reconocimiento que pocos órganos del Poder Público de muchos países, se atreverían a hacer de forma tan expresa, la Corte Suprema de la India sostuvo: “In our opinion, if we leave it solely to the patient’s relatives or to the doctors or next friend to decide whether to withdraw the life support of an incompetent person there is always a risk in our country that this may be misused by some unscrupulous persons who wish to inherit or otherwise grab the property of the patient. Considering the low ethical levels prevailing in our society today and the rampant commercialization and corruption, we cannot rule out the possibility that unscrupulous persons with the help of some unscrupulous doctors may fabricate ma¬terial to show that it is a terminal case with no chance of recovery. There are doctors and doctors. While many doctors are upright, there are others who can do anything for money (see George Bernard Shaw’s play ‘The Doctors Dilemma’). The commercialization of our society has crossed all limits. Hence we have to guard against the potential of misuse (see Robin Cook’s novel ‘Coma’)”.

[6] Sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, “Heller vs. DOE (509) US 312”. En el caso “Charan Lal Sahu vs. Union of India (1990) 1 SCC 613 (vide paras 35 and 36)”, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de la India, señaló al respecto que el parens patriae es el poder inherente de proporcionar protección a personas non sui juris, como menores o enfermos mentales incapaces (así como a su propiedad), pero también se refiere a la Parens patriae jurisdiction, que ha sido definido como el derecho del Estado de imponer deberes sobre las personas, en orden a garantizar el interés público de proteger a personas bajo una discapacidad y que no tienen un protector legal.

[7] El referido artículo 266, establece que: “Notwithstanding anything in article 32, every High Court shall have power, throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction, to issue to any person or authority, including in appropriate cases, any Government, within those territories directions, orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, or any of them, for the enforcement of any of the rights conferred by Part III and for any other purpose”.